sábado, 14 de noviembre de 2020

Ñuble: Investigan presuntos pagos irregulares al interior de la Gobernación de Diguillín


REGIONAL.- (Cooperativa.cl).-  Contraloría solicitó que se acrediten pagos por 25 millones de pesos a dos funcionarios. Se trata del ex seremi de Gobierno, Renán Cabezas, y el periodista, Rodrigo Sandoval.

La Contraloría investiga presuntos pagos irregulares por más de 25 millones de pesos al interior de la Gobernación de Diguillín, en la Región de Ñuble, que habrían beneficiado a dos funcionarios y ex autoridades de la zona.

Uno de los denunciados es el ex seremi de Gobierno y actual aspirante a la alcaldía de El Carmen, Renán Cabezas (RN), quien fue contratado por un proyecto de descentralización, y cuyos pagos suman 18 millones de pesos, desde el 15 de noviembre de 2019 a la fecha.

Otro de los denunciados es el periodista y ex concejal de Chillán, Rodrigo Sandoval, contratado como asesor comunicacional, quien ha recibido 7,2 millones de pesos, desde el 15 de marzo de este año.

Desde la Contraloría argumentaron que "los pagos efectuados carecen del atributo de acreditación y documentación de respaldo que permita validar la efectiva ejecución de los servicios", solicitando a la repartición gubernamental esclarecer las falencias en un plazo de 30 días.

Denunciados se defienden

Renán Cabezas indicó que "la Contraloría revisó mis funciones durante el período en el cual ya nos encontrábamos en pandemia, donde además de mis funciones, por la contingencia se me encargó la coordinación de entrega de cajas de alimentos del Gobierno y el levantamiento de información por comunas".

Por su parte, Rodrigo Sandoval, indicó que "la Contraloría ha señalado que debo ser más prolijo respecto al contenido de mis informes, es decir, no solo enumerar actividades, sino detallar el desarrollo de las mismas, pero descarto cualquier tipo de pago irregular o actividades distintas respecto a las que fui contratado".

Ambos funcionarios señalaron estar confiados respecto al valor aclaratorio que tendrán los informes que se enviarán a la Contraloría, y coinciden en que detrás de la denuncia hay una intención de provocar un daño de imagen y denostar el trabajo que realizan en el servicio público.

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