Dos exfuncionarias del DAEM de San Carlos acaban de ganar una nueva y millonaria demanda laboral al municipio local.
Se trata de las funcionarias Susana Tapia Orellana y María Morales Carrasco, quienes cumplían funciones directivas y formaban parte del equipo directo, con el cual el alcalde Gebrie manejaba la educación municipal.
Los conflictos se iniciaron cuando la Dirección de Control denunció en el concejo municipal la existencia de irregularidades en los contratos estas dos funcionarias y de otros tres integrantes del Daem, lo que trajo una amonestación de la Contraloría al sostenedor y se ordenó la devolución de dineros y la orden de que sus contratos debían ser ajustados a la normativa.
En las caso de las demandantes ambas eran profesoras de educación básica en escuelas rurales y en el año 2010 el sostenedor las trajo al Departamento de Educación Municipal donde permanecieron durante siete años y lograron nuevos puestos e ingresos. En marzo de 2017 sus contratos son cambiados de "estatuto administrativo" al denominado "por código del Trabajo" con 44 horas e indefinido, ambas con una renta superior a los 2 millones de pesos.
Paralelamente el concejo municipal envió en consulta los antecedentes de este caso a la Contraloría regional.
Fue el año 2017 cuando la dirección de Control cuestiona el tipo de contrato y los ingresos percibidos lo que lleva a que el 17 de enero se plantea que, en el caso de ambas profesoras, estas deben ser recontratadas por el código del trabajo.
Posteriormente en junio de 2019 cuando ambas fueron notificadas por su empleador del término de sus contratos "por necesidades de la empresa".
Tras lo cual ambas interponen una millonaria demanda en contra del municipio de San Carlos, resultado ambas con un fallo favorable
Para este caso contestó la demanda por parte del municipio local, la abogada Alejandra González González, profesional de la municipalidad de Longaví, quien señala que ambas mantienen vinculo labor a vigente y rechaza la demanda en todos sus puntos
El juicio acaba de concluir y la jueza Débora Riquelme acogió esta demanda de tutela laboral de derechos fundamentales interpuesta por las profesoras Susana Tapia Orellana y María Alicia Morales Carrasco en contra de la Municipalidad de San Carlos, la que debe pagar a las demandantes una cifra total superior a los 70 millones de pesos.
Tags
LOCAL