Nuevamente este año se ha instruido
a las asistentes sociales para que hagan
firmar a las familias solicitantes de becas, una "autorización" para
que la asistente social fotografíe el interior de las casas de los jóvenes postulantes
a becas.
Lo que corresponde y para lo cual
fueron formadas las profesionales asistentes sociales que cumplen funciones
fiscales y en instituciones que otorgan este tipo de becas, es que ellas personalmente concurran a los
domicilios , entrevisten a la familia y
observen las condiciones en que este grupo vive y luego entreguen un
informe que establece si se otorga o no la beca solicitada.
Lo anterior dado que el informe socioeconómico
es potestad de la profesional asistente
social o trabajadora social, y para ello estudió en la Universidad, sin embargo
estas fotografías no son lo para las
asistentes sociales.
Otro antecedente del caso es que
las asistentes sociales que tradicionalmente
realizaban el análisis de las postulaciones eran funcionarias de la Dideco, sin
embargo este año se ha buscado que sean
asistentes del Departamento de Educación las que realcen las entrevistas y evalúen cada caso.
Como se sabe esta postulación que ha ido creciendo en los últimos
años, termina siendo evaluada por una comisión de concejales y por el Alcalde, agregando
otro criterio de análisis al de las profesionales.
Pudiese verse lo anterior como
un estricto control de la entrega de
estos recursos municipales, pero es
evidente que el interés por participar va más allá, ya que si así no fuere bastaría
con el sistema que se usa en todos los municipios del país y en todas
las organizaciones e instituciones que otorgan becas en Chile.
El municipio debe enmendar este abuso
e intromisión que solo vulnera la privacidad de las familias cuyos hijos postulan
a un subsidio, ya sea por notas o condición socioeconómica, lo que no incluye
ventilar públicamente ni menos que sea de conocimiento de quien no corresponda.