El SLEP Punilla Cordillera enfrenta actualmente dos
complejas demandas por tutela laboral, ambas ingresadas a fines de febrero ante
la justicia con sede en San Carlos. En términos generales, las acciones legales
apuntan a la presunta existencia de prácticas sistemáticas de acoso en el
entorno de trabajo, una evidente omisión en los deberes de protección institucional
y serias vulneraciones a la integridad de dos profesionales de la educación.
La primera causa, presentada el 18 de febrero de 2026 por la
profesora y psicóloga del área de educación inclusiva, de iniciales D.I.R.C.,
denuncia un hostigamiento reiterado por parte de sus jefaturas directas que
habría comenzado a mediados de 2024. Según los antecedentes expuestos, la
funcionaria sufrió una fiscalización selectiva con exigencia de horarios
estrictos, exposición innecesaria ante sus pares y la difusión de rumores sobre
un supuesto "complot", situación que el SLEP se habría negado a
investigar internamente tras rechazar su denuncia en diciembre de 2025.
Las consecuencias de este ambiente laboral llevaron a que la
Mutual de Seguridad calificara su cuadro clínico como "enfermedad
profesional" en enero de 2026, lo que confirma el daño psicosocial
sufrido. Debido a estos hechos, la demanda dirigida contra el servicio y el
Fisco de Chile exige el pago de una indemnización equivalente a 11
remuneraciones mensuales, a lo que se suma un monto adicional de $20.000.000
por concepto de daño moral.
Por otro lado, una segunda acción legal ingresó al mismo
tribunal el 23 de febrero por parte de otra profesora del servicio, de
iniciales K.V.Z.B, quien centra su recurso en graves represalias y la
negligencia institucional en el tratamiento de datos sensibles. La profesional
relata que, tras ingresar una denuncia formal por acoso la mañana del 29 de
septiembre de 2025, fue suspendida de sus funciones esa misma tarde; a esto se
suma el quebrantamiento de la confidencialidad, la instrumentalización de sus
licencias médicas e incluso la acusación de que se habrían utilizado a hijos de
otras funcionarias para fabricar cargos en su contra.
Ante estos hechos, la segunda demandante solicita el pago de $30.000.000 por daño moral, además de diversas medidas reparatorias como la actualización de los protocolos vigentes. Dada la gravedad de la filtración de su información de salud en la dinámica laboral, el tribunal ya dictó una primera resolución a su favor, decretando la suspensión inmediata de toda difusión interna de sus licencias y denuncias.
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Claves de la primera demanda — D.I.R.C.:
- 📅 Presentada: 18 de febrero de 2026
- 👩🏫 Afectada: profesora y psicóloga de educación inclusiva
- ⚠️ Acusaciones: hostigamiento, fiscalización selectiva y difusión de rumores
- 🏥 Mutual de Seguridad calificó su cuadro como "enfermedad profesional"
- 💰 Indemnización exigida: 11 remuneraciones + $20.000.000 por daño moral
Claves de la segunda demanda — K.V.Z.B.:
- 📅 Presentada: 23 de febrero de 2026
- 👩🏫 Afectada: profesora del servicio
- ⚠️ Acusaciones: represalias, filtración de datos sensibles y fabricación de cargos
- ⚖️ Tribunal ya decretó suspensión inmediata de difusión de licencias y denuncias
- 💰 Monto exigido: $30.000.000 por daño moral + medidas reparatorias
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