Enfrenta amenaza de arresto contra el alcalde y avanzan demandas laborales
La Municipalidad de San Carlos suma complejos frentes
judiciales en materia laboral. Por un lado, una extrabajadora de los parquímetros
exige el arresto del alcalde por una deuda solidaria que supera los 20 millones
de pesos, mientras que, en una causa paralela, un exfuncionario del Cementerio
Municipal acusa despido injustificado y exige el pago de casi 5 millones.
La administración municipal de San Carlos se encuentra
lidiando con consecuencias judiciales derivadas de conflictos laborales. Dos
causas en los tribunales locales revelan la complejidad del escenario: el
arrastre del fallido contrato de parquímetros y una desvinculación en el
Cementerio Municipal.
El fantasma de los parquímetros y la amenaza de arresto
El caso más apremiante se tramita en el 1er Juzgado de Letras
de San Carlos. La causa se remonta a los incumplimientos de la Sociedad
Inmobiliaria e Inversiones San Gabriel Limitada, exconcesionaria de los
parquímetros, la cual dejó de pagar cotizaciones y remuneraciones a sus
trabajadores entre 2023 y principios de 2024.
Tras el autodespido de una de las trabajadoras, la justicia
determinó que la Municipalidad de San Carlos es responsable solidaria
del pago de las prestaciones adeudadas, al no haber acreditado un ejercicio
efectivo de su derecho a información y retención sobre la empresa contratista.
Actualmente, la liquidación de la deuda a favor de la extrabajadora
alcanza los $20.469.923. Ante la falta de pago, la defensa de la demandante
ingresó en diciembre de 2025 una solicitud para que el tribunal ordene la
dictación del decreto alcaldicio de pago y, en caso de incumplimiento, se
aplique una medida de arresto de hasta dos meses en contra del alcalde Rubén
Méndez Venegas.
Tensión en el Cementerio Municipal
A este escenario se suma la demanda ordinaria interpuesta en
noviembre de 2025 en contra del municipio, esta vez en su calidad de
administrador del Cementerio Municipal.
Roberto Palma Vallejos, quien se desempeñaba como auxiliar
de patio desde marzo de 2022, fue desvinculado en septiembre de 2025 bajo la
causal de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Según la
investigación interna del municipio, el trabajador habría proferido insultos a
sus superiores y asistido a votar en una elección del Comité Paritario mientras
se encontraba con licencia médica de reposo absoluto.
El exfuncionario rechaza estas acusaciones, argumentando
que la investigación careció de imparcialidad. Por ello, exige el pago de
indemnizaciones y recargos legales que en total suman $4.905.594. Tras fracasar
la instancia de conciliación a principios de enero de 2026, el tribunal fijó la
audiencia de juicio para el próximo 15 de mayo de 2026, donde ambas partes
deberán presentar sus pruebas y testigos.
Fallo a favor del municipio en la Corte Suprema
En un tercer frente laboral, pero con resultados favorables
para la actual administración, la Corte Suprema cerró recientemente un litigio
iniciado por una exfuncionaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario
(Dideco). Genelly Belmar Aguayo, abogada a contrata desvinculada en julio de
2025 antes del término oficial de su nombramiento, había presentado un recurso
de protección acusando un despido ilegal y arbitrario.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Chillán desestimó la
acción en noviembre de 2025, argumentando que la vía utilizada no era la idónea
para resolver el conflicto y validando que el municipio sí fundamentó su
decisión en la necesidad de evitar la duplicidad de funciones y reorganizar
internamente al personal. Finalmente, el 20 de febrero de 2026, el máximo
tribunal del país ratificó esta sentencia, confirmando el rechazo del recurso y
dándole un respiro judicial a la casa edilicia en esta causa.