La mantención de áreas verdes en Chillán, bajo contrato con la empresa Parques Johnson, sigue generando controversia en el Concejo Municipal.
La polémica se agudizó tras nuevos hallazgos de la comisión investigadora presidida por la concejala Carolina Chávez, que detectó irregularidades posteriores a la auditoría realizada por Contraloría entre enero de 2022 y julio de 2023.
Según la edil, en visitas realizadas el 3 de enero y el 25 de marzo de 2025 se verificaron los mismos incumplimientos observados anteriormente.
Las fallas incluyen problemas de riego, deterioro del mobiliario urbano y juegos infantiles en mal estado, lo que representa un riesgo para los niños.
Además, se detectó un déficit presupuestario de 620 millones de pesos, debido al uso del presupuesto 2025 para cubrir facturas del año anterior.
La comisión exige que los nuevos antecedentes sean remitidos a Contraloría y al Ministerio Público, por la gravedad de las observaciones.
Chávez cuestionó la falta de medidas correctivas por parte del municipio. Asegura que no se han hecho ajustes pese a los informes previos.
La concejala Brígida Hormazábal, también parte de la comisión, señaló que la fiscalización en terreno demostró una falta evidente de cumplimiento del contrato por parte de la empresa concesionaria.
Propuso, incluso, evaluar el término anticipado del contrato, recordando que en la administración anterior ya se habían expresado dudas sobre la capacidad de Parques Johnson para asumir esta responsabilidad.
Desde el municipio, la administradora subrogante Alejandra Martínez respondió que la comisión ha excedido sus atribuciones legales.
Criticó especialmente la citación directa de funcionarios a declarar, lo que calificó como una práctica que no corresponde al marco legal vigente.
Aclaró que, si bien el alcalde suspendido Camilo Benavente votó a favor de crear la comisión, eso no habilita a sus integrantes para actuar como un tribunal.
En ese contexto, el municipio decidió remitir los antecedentes a Contraloría, con el fin de esclarecer la legalidad del funcionamiento de la comisión investigadora.
La tensión ocurre mientras el concejal Rodrigo Ramírez ejerce como alcalde protocolar tras la suspensión de Benavente por fallas en su gestión.
En Chillán y comunas como San Carlos, la correcta gestión de espacios públicos es clave para la calidad de vida urbana. El debate en la capital regional impacta en la percepción de fiscalización y gobernanza a nivel local.
El caso sigue en desarrollo y se espera un pronunciamiento oficial por parte de Contraloría en las próximas semanas.
Fuente:ladiscusion.cl