El Juzgado de Garantía de Bulnes dejó el pasado viernes 22 de septiembre, sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercarse la Municipalidad y comunicarse con los coimputados, al director de Control del municipio de Portezuelo, Juan Pablo Santos Riquelme, imputado por el Ministerio Público por el delito de violación de secreto. Ilícito que se habría perpetrado en el marco del proceso de licitación de cuentas bancarias realizado al interior del municipio durante 2022.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 1520-2022), la magistrada Claudia Aguayo Dolmestch ordenó la libertad del imputado.
Además, el Tribunal fijó en siete meses el plazo de investigación de la causa, que rige desde el 18 de abril del presente, fecha de la primera formalización asociado a la causa.
Según el Ministerio Público, mediante una investigación se logró detectar que, desde abril del 2022, el imputado Santos Riquelme, previo a la publicación de la licitación sobre estudios financieros y proyección de ingresos de la Municipalidad de Portezuelo, inició conversaciones con el coimputado Rodrigo Carmona Olivares, dueño de la empresa Gestión Global SPA.
En ese contexto, el 1 de julio del mismo año le informa que la licitación está lista y que pronto será publicada, lo que se concreta el 7 de julio donde nuevamente informa y entrega el id correspondiente a Carmona Olivares. El 11 de julio, en tanto reveló un secreto de la licitación al entregar al coimputado la respuesta exacta a la pregunta realizada a través del sistema de Mercado Público, lo que a juicio de la Fiscalía le otorgó ventajas en el proceso.
Cabe consignar que en la misma causa que investiga el Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Bulnes dejó en prisión preventiva a director del Serviu de Los Ríos y jefe de proyectos del Daem de Bulnes
El Juzgado de Garantía de Bulnes dejó el pasado jueves 21 de septiembre, sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva al director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, Rodrigo Enrique Sepúlveda Espinoza y al jefe de proyectos del Departamento de Administración de Educación de Bulnes, Salvador Marcelo Lavagnino Humeres, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de soborno y cohecho, ilícitos que se habrían perpetrado en el marco de procesos de licitación de cuentas bancarias realizados al interior de los municipios de Hijuelas y Bulnes entre abril del 2021 y marzo del 2023.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 1520-2022), la magistrada Claudia Aguayo Dolmestch ordenó el ingreso de los imputados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la gravedad del delito y la pena asignada.
Además, el Tribunal fijó en 7 meses el plazo de investigación, que rige desde el 18 de abril del presente, fecha de la primera formalización asociado a la causa.
Según el ente persecutor, Rodrigo Enrique Sepúlveda Espinoza entre los meses de junio y julio del 2022, mientras se desempeñaba como director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Hijuelas ofreció actuar como operador político en favor de Gestión Global SPA, de propiedad de Rodrigo Carmona Olivares, aceptando recibir dinero con el propósito de influir a su favor en un proceso de licitación de viabilidad financiera y mantención de cuentas corrientes que finalmente favoreció a la empresa de Carmona Olivares. Producto de ello Sepúlveda Espinoza recibió a través de una transferencia bancaria al menos el pago de 2 millones de pesos, lo que se concretó en marzo del 2023, momento en el que ejercía el cargo del director del Serviu en la Región de Los Ríos.
En tanto, el jefe de proyectos del Departamento de Administración de Educación de Bulnes, Salvador Marcelo Lavagnino Humeres, entre los meses de junio del 2021 y julio del 2022, mientras ejercía como administrador municipal de la Municipalidad de Bulnes, aceptó recibir beneficio económico de parte del empresario Rodrigo Carmona para favorecerlo en el proceso de licitación de viabilidad financiera y mantención de cuentas corrientes que finalmente se adjudicó. Debido a ello, en el mes de octubre recibió el pago a través de la cuenta bancaria de su cónyuge, por la suma de 1 millón 500 mil pesos.
En suma, en la causa “cuentas corrientes” que investiga el Ministerio Público han sido formalizados con anterioridad el director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, Rodrigo Enrique Sepúlveda Espinoza y el jefe de proyectos del Departamento de Administración de Educación de Bulnes, Salvador Marcelo Lavagnino Humeresel, como autores de los delitos de soborno y cohecho, además del empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares, imputado como autor de los delitos de cohecho, soborno y fraude al fisco, su colaborador, el exconcejal Rodrigo Sandoval Terán, por el delito de estafa, soborno y cohecho, el alcalde de la comuna de San Ignacio, César Alberto Figueroa Betancourt; y el funcionario municipal Edgardo Antonio Suazo Jiménez, imputados como autores de los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y fraude al fisco. El alcalde de Ñiquén Manuel Pino Turra, imputado por el delito de cohecho.
El funcionario público Krysler Sebastián Monroy Castillo, imputado como autor de los delitos de cohecho y fraude al fisco; Hugo Basthian Troncoso Salazar, imputado como autor del delito de cohecho y el funcionario de la Municipalidad de Ñiquén, Carlos Bernabé Fernández Aedo, imputado por los delitos de violación de secreto y cohecho.