Cuatro quedan en prisión preventiva, entre ellos el alcalde de San Ignacio.
REGIONES.- Por el delito de corrupción cuatro funcionarios públicos de la Municipalidad de San Ignacio, otro del municipio de Ñiquén y dos particulares, fueron formalizados en el marco de una investigación que realiza la Fiscalía. Cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva.
Ante la magistrada Claudia Aguayo Dolmestch del Juzgado de Garantía de Bulnes, la fiscal comunicó que investiga a César Alberto Figueroa Betancourt, alcalde del municipio de San Ignacio, por dos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos. El jefe comunal quedó en prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, el director de Salud del mismo municipio de San Ignacio, Krysler Sebastián Monroy Castillo, fue formalizado por un delito de cohecho y otro de fraude al Fisco. También quedó en prisión preventiva.
Con la misma medida cautelar privativa de libertad, por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad, quedó el empresario chillanejo Rodrigo Carmona Olivarez, a quien se le investiga por cuatro sobornos, estafa frustrada y violación de secretos.
La cuarta prisión preventiva se decretó para Rodrigo Sandoval Terán, quien ejercía como operador político y colaborador del empresario Rodrigo Carmona. La Fiscalía lo formalizó por tres sobornos y una estafa frustrada.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 1520-2022), la magistrada Claudia Aguayo Dolmestch ordenó el ingreso de los imputados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad; además de la gravedad del delito y la pena asignada.
En el caso del jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Ignacio, Edgardo Suazo Jiménez, se le investiga por dos cohechos y dos fraudes al Fisco. Quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
El tesorero municipal de San Ignacio, Hugo Troncoso Salazar, fue formalizado por cohecho y quedó con firma mensual en Carabineros, y prohibición de salir del país y de acercarse al municipio en que trabaja.
Estos imputados fueron detenidos el viernes por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble, el sábado se les controló la detención, la que fue declarada legal por el Tribunal, y ese día el Tribunal amplió la detención hasta este martes, cuando fueron formalizados.
A ellos se sumó un séptimo imputado, quien fue detenido este lunes. Se trata de Carlos Fernández Aedo, jefe de Administración del DAEM de Ñiquén, quien fue formalizado por violación de secretos y cohecho. Quedó con arresto domiciliario nocturno, firma quincenal en Carabineros, y prohibición de salir del país, de acercarse al municipio y de comunicarse con los demás imputados.
El viernes, previa orden entrada, registro e incautación del Juzgado de Garantía de Bulnes, se realizaron diligencias en dependencias de las municipalidades de San Ignacio, en la Región de Ñuble, y de Graneros, en la Región de O'Higgins, hasta donde también se extienden las indagatorias.
Según el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que los imputados se concertaron para adjudicar irregularmente procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio y otras casas edilicias.
La audiencia de este martes duró más de siete horas y el Juzgado de Garantía de Bulnes fijó en siete meses el plazo de investigación de la causa.