Durante la semana pasada, una mujer de 84 años denunció la ocupación ilegal de su vivienda en la Población José Joaquín Prieto, en Chillán, por parte de una familia inmigrante sin hogar.
El hecho ocurrió cuando la afectada se encontraba en Santiago donde unos familiares, porque su condición de salud deteriorada no le permite vivir sola en estos tiempos de pandemia.
En cuanto se alertaron de la situación, su nieto, Nicolás Barrientos, viajó a Chillán para corroborar la situación y entablar comunicación con los ocupantes, sin obtener resultados favorables. Por esta razón, viralizó un video en el que se exhibe a los nuevos moradores de la vivienda.
En este contexto, Carabineros señaló que se entrevistó con la familia afectada, le explicó su ámbito de acción y además les detalló los pasos a seguir en el aspecto judicial civil.
Sin embargo, agregaron que en este tipo de hechos la fuerza pública no puede intervenir a menos que exista una orden judicial de desalojo, precedida por una demanda y sentencia correspondiente. Situación que no ha ocurrido entre los dueños de casa y los ocupantes.
En tanto, la seremi de Bienes Nacionales, Carolina Navarrete, indicó que “condenamos categóricamente este actuar, ya que el derecho de propiedad es un derecho amparado por nuestra Constitución y por lo tanto toda actividad o situación que lo vulnere es condenable”.
Aclaró además que “como es un conflicto entre particulares, y como esta propiedad es privada el Ministerio de Bienes Nacionales no tiene competencia alguna para resolver este tipo de conflictos”.
Ámbito legal
En relación a la ocupación ilegal de un inmueble, el abogado René Herrera señaló que “la legislación tiene dos vías, la penal y la civil. En la vía penal hay un delito especial de ocupación ilegal de morada que en realidad no es tan ocupado. La vía más común es la vía civil”.
Para poder efectuar la segunda opción, agregó Herrera, es a través de la “acción de precario” que es donde se interpone por parte del dueño en contra la persona que ocupa una vivienda sin permiso ni acuerdo del propietario, esto con el fin de ser restituida.
Este proceso puede durar entre seis meses y un año. Y termina con una sentencia del juez que ordena entregar la vivienda y ,además, en el caso que sea necesario resguardar esta acción por la fuerza pública.