A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía Regional de Ñuble adelantó que “ante la solicitud de la Fiscalía Local de Chillán, el Juzgado de Garantía de esta ciudad fijó para el 13 de octubre la audiencia de formalización de investigación en contra del exadministrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios, por el delito de negociación incompatible, en carácter de reiterado”.
Lo anterior, en el marco de una investigación por
licitaciones y compras directas de prestación de servicios de camiones aljibes
que abastecen de agua potable a sectores de la comuna, en relación a una de las
empresas que repartió agua a comienzos del 2019, Sotrafer SpA, cuyo propietario
es Fernando Vallejos Guíñez, sobrino directo del exadministrador de la
Municipalidad de Chillán, cónyuge de la exgobernadora de Diguillín, Paola
Becker.
La exjefa provincial habría estado en reuniones de
definiciones, preparación y coordinación de este tema, aún conociendo que el
propio intendente, Martín Arrau, solicitó expresamente a todos los
gobernadores, sin excepción alguna, probidad y transparencia con el nuevo
sistema.
Esto en el contexto que la actual Intendencia realizó
cambios considerables en la medición de los habitantes que deben recibir agua
potable mediante camiones aljibes, para poder llegar a la mayor cantidad de
familias posible, por lo que se estableció que los propios municipios estarían
a cargo de elaborar la nómina de los receptores y velar que esta fuera
fidedigna.
Pese a esto, se denunció que había firmas de beneficiados
que se repetían en diferentes casas, viviendas de veraneo que recibían el
recurso destinado a la emergencia e incluso había personas ya fallecidas que
aparecían en las nóminas de beneficiarios.
Así, el funcionamiento de la empresa de Fernando Vallejos
Guíñez sería fiscalizada por su propio tío.
Para el siguiente 3 de enero, según información de la
Fiscalía, Vallejos Guíñez delegó la representación de la sociedad Sotrafer SpA
a Pedro Alfonso Vásquez Ortiz, y con esta nueva administración, comenzó a
operar a partir del 8 de enero siguiente.
De todas formas, al día siguiente, el intendente Martín
Arrau decidió prescindir, desde ese momento, de los servicios de la empresa
Sotrafer SpA, cuyos servicios se destinarían a las comunas de Chillán y Chillán
Viejo. Pero los pagos, desde el 3 de enero a esa fecha, sí se efectuaron.
En un comunicado público el intendente Martín Arrau planteó
de todas maneras que, “cabe precisar que la empresa no ha incumplido ninguna
norma legal, por lo que esta medida se fundamenta en que al inicio y durante el
proceso, el intendente Arrau solicitó de manera enfática a las autoridades de
Gobierno Interior transparencia en el nuevo sistema que debutó en la región el
1 de enero del 2019”.
Conociendo que la Fiscalía Regional formalizaría a Vallejos
por esa situación, el intendente dijo que “en lo que a nosotros respecta como
Intendencia, ya está todo resuelto y es de público conocimiento. La misma
prensa publicó en varios artículos cuál fue nuestro parecer al respecto y eso
sigue de la misma manera”.
Además recordó que “entonces las contrataciones se hacían de
manera directa, pero el proceso se ha ido perfeccionando y nosotros ahora
estamos con licitación pública”.
Solo otra estrategia
Luego de haber contratado a otros dos equipos de abogados
para su defensa en la causa que el Ministerio Público sigue en su contra por el
caso “Led”, relacionado con hechos de presunta corrupción en la licitación de
recambio de luminarias para la comuna de Chillán, el exadministrador municipal
se hizo de los servicios de la firma jurídica del abogado Juan Carlos
Manríquez, quien hizo noticia en Ñuble por haber conseguido la excarcelación
del gerente de Línea Azul, Marcelo Hernández.
Hernández estaba como preso preventivo por su
responsabilidad en el accidente de uno de sus buses en la Región de O’Higgins,
en 2019 y que le costó la vida a seis personas. Hoy, tras varios intentos por
revocar esa cautelar, se encuentra con arresto domiciliario total.
Manríquez, como el propio Vallejos, se sorprendieron ante el
anuncio de la Fiscalía Regional, respecto a esta nueva formalización por los
camiones aljibe.
Sin embargo, para el abogado, “esto es una estrategia
procesal del Ministerio Público. Ayer, después de cuatro meses, apareció en el
sistema una petición para una nueva audiencia en el mes de octubre, por un
supuesto delito con los aljibe. Con eso lo que logran recurrir al inciso 3º del
artículo 140, que dice que una de las causas que imposibilitan que alguien
pueda salir en libertad cuando tiene otra causa pendiente. Y esta causa
pendiente pareciera que se la armaron esta semana”.
Manríquez dice desconocer todo antecedente respecto a esta
causa, “salvo lo que aparece en la página del Poder Judicial, pero se supone
que la audiencia de formalización es para eso, para saber qué es lo que tiene
el Ministerio Público y qué es lo que van a hacer”.
Hecha la solicitud al Tribunal de Garantía de Chillán, ahora
será esa instancia la que deba fijar la fecha y hora para esta audiencia.
Conforme al artículo citado por el abogado Manríquez, Vallejos deberá permanecer en prisión preventiva, a lo menos, hasta que esa formalización se resuelva.