Concejos de Ñiquén y San Carlos recurrirán al Tribunal Electoral de Ñuble


Desde el año 2017 que descansa en el senado una iniciativa que busca que sea la Contraloría  la que, a partir de  una denuncia, concurra ante el TER haciéndose parte como demandante  en las causas de notable abandono de deberes, ya que hoy los concejales cumpliendo su rol fiscalizador, deben denunciar ante el TER y seguir un juicio,  cuyos abogado deben ser pagados por ellos.

En San Carlos tenemos  la primera acusación  por notable abanando de deberes que se presentó contra el alcalde el año 2010 y que debieron financiaron los ediles Salvador Rodríguez  y Lucrecia Flores, acción judicial que se perdió porque el abogado Aedo que representaba a los concejales  “olvidó” presentar un recurso con  plazo fatal.

En la última acusación también contra el exalcalde, los ediles Sabag, Silva y Flores debieron reunir los fondos para contratar un  abogado cuyos valor habría sido de 4 millones de pesos iníciales. Dineros que deben ser reunión por los ediles para  lograr  que el Tribunal establezca y sanciones al notable abandono de deberes que se persigue.

Claramente esta situación  económica juega en contra a la hora de denunciar y pretender llegar al final de un caso tan grave como el notable abandono de deberes  

Ahora son  los ediles de Ñiquén los que se están viendo frente a esta situación, si bien el valor deberá dividirse entre cinco,  el monto resulta también un obstáculo a la hora de perseguir  el abandono de deberes, el mismo que la Contraloría en sus informes  establece y demanda a los ediles a cumplir con su rol fiscalizar.

Esta semana será el concejo municipal de San Carlos quine deberá resolver las  sanciones pecuniarias propuestas por la Fiscalía y la nueva concurren al TER, esta vez de Ñuble en un nuevo caso  donde se persiguen responsabilidad y notable abandono de de deberes del exalcalde en el proceso de construcción del edificio municipal.

Claramente quien tenga recursos, abogados  y facilidades  podrá tener también mayor chance a la hora de enfrentar un proceso judicial  que, aun cuando el propósito final sea la búsqueda de la verdad,  muchas veces la “secretaría” impone  plazos y fórmulas  que resultan ser el paso justo  para poder  acuñar un camino distinto.



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