lunes, 11 de mayo de 2020

La jerga del “doctor” que detectó la PDI en llamados por caso Led


REGION.- (ladiscusión.cl).- Hubo escuchas telefónicas y registro de imágenes. Y eso fue, en efecto, exhibido el día de ayer ante la jueza del Juzgado de Garantía de San Carlos, Claudia Gómez,
para poder fundamentar las responsabilidades penales del administrador municipal de Chillán, abogado Ricardo Vallejos, y del juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos.

Se exhibió, por ejemplo, una conversación entre ambos con frases “¿Cómo te fue con el doctor?” o “¿Te dieron la hora?”, lo que fue interpretado y presentado como un código básico para conseguir una supuesta respuesta específica sobre la entrega de dinero que Marcelo Campos debía recibir de parte del dueño de la empresa Intelecom, León Lefort, como compensación por haber influido ilícitamente en la adjudicación de la licitación para el recambio del alumbrado público con tecnología Led, por $3.904.326.635.

Las imágenes, en tanto, mostraban la supuesta entrega de un maletín con $37 millones, de parte de Lefort al abogado Campos, lo que habría ocurrido al interior de un vehículo, en la ciudad de Santiago el pasado martes.

Mientras que al imputado León se le formalizó por soborno, y se le dejó con la cautelar de prisión preventiva, la misma medida cautelar se solicitó para Ricardo Vallejos, por cohecho y violación de secreto; y para Marcelo Campos, por cohecho agravado y violación de secreto.

Para justificar la cautelar, la Fiscalía argumentó que los tres constituían un peligro para la sociedad y que su libertad además, era un peligro para el éxito de la investigación.

Pese a la oposición de los defensores Ricardo Robles (por Vallejos) y Giovani Gotelli (por Campos), la magistrado Gómez acogió la solicitud fiscal.

Según estimaciones hechas por el ente persecutor en la audiencia, las penas que arriesgan ambos imputados se estimarían entre 7 y 8 años de presidio efectivo, por tratarse de dos delitos y, por consiguiente, dos condenas.

Mientras León deberá cumplir su estadía en el anexo penitenciario Capitán Yéber, en Santiago, los abogados chillanejos lo harán en la cárcel de San Carlos. Se decretó, finalmente, un plazo de cuatro meses para la investigación judicial.

Larga exposición fiscal
Como se había anticipado, la formalización se realizó bajo la modalidad de videoconferencia, debido a la modalidad sanitaria que rige en todo el país para prevenir el contagio de la pandemia del coronavirus. Y pese a que existía la posibilidad de que fuera abierta para la prensa, la Fiscalía estaba dispuesta a que hubiera exhibición pública de una “primera parte” de la formalización. Sin embargo, y considerando que se expondrían antecedentes que eran aún considerados “secretos de la investigación”, la magistrado Gómez, resolvió declarar cerrada la audiencia.

Tras ellos, el Ministerio Público a través de la propia fiscal, Nayalet Mansilla, comenzó la formalización de los tres imputados, y anunció que se solicitarían las medidas cautelares de prisión preventiva.

Tras su ponencia, la presentación quedó a cargo del fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, quien -asistido por el fiscal de San Carlos, Rolando Canahuate- realizó una intervención que se extendió por aproximadamente una hora y media.

En ella presentó documentación en papel, como los contratos, las bases de la licitación, correos electrónicos y otras evidencias, además de las imágenes y grabaciones de interceptaciones telefónicas realizadas por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Chillán, con orden del Tribunal sancarlino.

Luego vino un receso de 20 minutos y fue el turno de las defensas, quienes plantearon la solicitud de prisión preventiva como exagerada, y pidieron explorar otras menos gravosas, como la de arresto domiciliario, toda vez que no se invocó el “peligro de fuga”, para pedir la prisión preventiva.

Entonces, si la audiencia arrancó a las 12.30 horas, el martillazo resolutorio cayó cerca de las 18.00 horas.


“No presentaron nada”
Giovani Gotelli admite que terminó la audiencia “bastante molesto”. Tras acceder a conversar con La Discusión, se excusa de no desenvolverse en mayores detalles, dado el carácter de reservada de la audiencia. Pero “sí puedo entregar mi parecer”, dice.

Se toma unos segundos para encender un cigarrillo y tras un “a ver…” que le sirvió para ordenar sus ideas sostuvo que “para mí, lo que vimos hoy no resiste análisis jurídico. La Fiscalía dice que se está ante un delito que causa un grave daño a la cosa pública, pero durante toda su exposición no aportaron nada en ese sentido”.

Gotelli alegó en la audiencia que se armó una causa artificiosamente, para “sustentar un delito que no me pareció acreditado, con la mira de obtener una prisión preventiva”.

Respecto a las llamadas telefónicas que se presentaron en el estrado, plantea que “en modo alguno son concluyentes respecto a los delitos que se le imputaron al señor Campos”.

Sobre esas llamadas telefónicas entre Vallejos y Campos, el defensor Ricardo Robles apoyó la tesis de Gotelli, añadiendo que “la fiscalía no mostró absolutamente nada que hiciera presumir que el señor Vallejos estuviera involucrado en algún delito. No presentaron constancias de pagos, no hay constancias de correos electrónicos que lo puedan relacionar a algún acto de cohecho o violación de secreto, no hay registros de comunicación entre mi representado y el empresario Lefort; no tienen testigos, no tienen nada”, insiste.

Por esa razón pretende apelar de la resolución tomada por el Tribunal sancarlino, de privarlo de libertad como medida cautelar.

“Estamos evaluando los recursos que poner en la corte, porque no es posible que una conversación telefónica cuyo contenido es entendido como prueba, sólo por una interpretación especial de la fiscalía, sea razón suficiente para dejarlo en prisión”, insistió.

El misterio de San Carlos
Finalmente, ambas defensas incidentaron la competencia del Tribunal sancarlino para conocer delitos supuestamente cometidos en Chillán.

La Fiscalía, en respuesta, explicó que la causa se origina a raíz de una denuncia hecha en esa comuna, a raíz de otra negociación irregular que habría cometido Itelecom con una entidad que no fue dada a conocer en la audiencia.

“Pero no pudimos saber más. Eso fue todo lo que se dijo. La verdad es que toda la audiencia estuvo basada en generalidades, nada específico y por ser causa secreta, ni siquiera sabemos por qué la audiencia es en San Carlos, ni qué pruebas tienen ni nada”, observó Ricardo Robles.

También se esperaba que se entregara la lista de lo que se le incautó a los imputados, pero tampoco sucedió, por ser parte del secreto investigativo.

Tanto el Ministerio Público como la jueza Gómez habían ofrecido hacer declaraciones a la prensa, finalizada la audiencia, sin embargo, y objetando el secreto de la audiencia, ninguna de las dos entidades lo hicieron, salvo por sendos comunicados de prensa.

A “avisparse” con lo político
El viernes último, el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar solicitó que el Consejo de Defensa del Estado interviniera como querellante en la causa. El CDE deberá resolver esta situación, una vez que se les notifique de la presentación de la querella alcaldicia, pero además, deberán aguardar el alzamiento del secreto de la investigación fiscal, por 40 días, decretada el pasado martes 5 de mayo, para poder estudiar recién los antecedentes que les permitan sustentar su participación.

Pero quienes no quieren plazos para intervenir en la municipalidad, son los representantes del senado en Ñuble, Felipe Harboe (PPD) y Víctor Pérez Varela (UDI), quienes exigieron cambios inmediatos en la estructura administrativa municipal.

Harboe, manifestó que “se ha formalizado al administrador municipal y al abogado de la municipalidad de Chillán, por temas de corrupciones, esto es extremadamente grave y se le exige al alcalde Zarzar que destituya de inmediato al administrador municipal”.

Continuó planteando que “es impresentable que el administrador municipal de la capital regional se encuentre formalizado y en prisión preventiva, eso no es aceptable así que esperamos que el alcalde Zarzar, de una vez por todas, tome acciones rápidas y concretas al interior del municipio”.

En tanto, Pérez Varela, fue más allá y dice que “el alcalde debe ya plantearse la necesidad de hacer una reestructuración profunda a su equipo administrativo. Tengo claro que la formalización es solo el inicio de una investigación pero no hay que ser muy avispado para darse cuenta de las repercusiones que esto tiene en lo político”.

Para Pérez, “esto remece a la municipalidad y a toda la gente honrada que allí trabaja, incluido al alcalde. Ante esta situación, él debe tener toda la libertad para hacer los cambios necesarios, para que las consecuencias penales no contaminen lo que se está haciendo en ese municipio”.


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