REGION.- (ladiscusión.cl).- Hubo
escuchas telefónicas y registro de imágenes. Y eso fue, en efecto, exhibido el
día de ayer ante la jueza del Juzgado de Garantía de San Carlos, Claudia Gómez,
para poder fundamentar las responsabilidades penales del administrador
municipal de Chillán, abogado Ricardo Vallejos, y del juez de Policía Local de
Pemuco, Marcelo Campos.
Se exhibió, por ejemplo, una
conversación entre ambos con frases “¿Cómo te fue con el doctor?” o “¿Te dieron
la hora?”, lo que fue interpretado y presentado como un código básico para
conseguir una supuesta respuesta específica sobre la entrega de dinero que
Marcelo Campos debía recibir de parte del dueño de la empresa Intelecom, León
Lefort, como compensación por haber influido ilícitamente en la adjudicación de
la licitación para el recambio del alumbrado público con tecnología Led, por
$3.904.326.635.
Las imágenes, en tanto, mostraban
la supuesta entrega de un maletín con $37 millones, de parte de Lefort al
abogado Campos, lo que habría ocurrido al interior de un vehículo, en la ciudad
de Santiago el pasado martes.
Mientras que al imputado León se
le formalizó por soborno, y se le dejó con la cautelar de prisión preventiva,
la misma medida cautelar se solicitó para Ricardo Vallejos, por cohecho y
violación de secreto; y para Marcelo Campos, por cohecho agravado y violación
de secreto.
Para justificar la cautelar, la Fiscalía argumentó que los tres constituían un peligro para la sociedad y que
su libertad además, era un peligro para el éxito de la investigación.
Pese a la oposición de los
defensores Ricardo Robles (por Vallejos) y Giovani Gotelli (por Campos), la
magistrado Gómez acogió la solicitud fiscal.
Según estimaciones hechas por el
ente persecutor en la audiencia, las penas que arriesgan ambos imputados se
estimarían entre 7 y 8 años de presidio efectivo, por tratarse de dos delitos
y, por consiguiente, dos condenas.
Mientras León deberá cumplir su
estadía en el anexo penitenciario Capitán Yéber, en Santiago, los abogados
chillanejos lo harán en la cárcel de San Carlos. Se decretó, finalmente, un
plazo de cuatro meses para la investigación judicial.
Larga exposición fiscal
Como se había anticipado, la
formalización se realizó bajo la modalidad de videoconferencia, debido a la
modalidad sanitaria que rige en todo el país para prevenir el contagio de la
pandemia del coronavirus. Y pese a que existía la posibilidad de que fuera
abierta para la prensa, la Fiscalía estaba dispuesta a que hubiera exhibición
pública de una “primera parte” de la formalización. Sin embargo, y considerando
que se expondrían antecedentes que eran aún considerados “secretos de la
investigación”, la magistrado Gómez, resolvió declarar cerrada la audiencia.
Tras ellos, el Ministerio Público
a través de la propia fiscal, Nayalet Mansilla, comenzó la formalización de los tres imputados, y anunció que
se solicitarían las medidas cautelares de prisión preventiva.
Tras su ponencia, la presentación
quedó a cargo del fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, quien -asistido por el
fiscal de San Carlos, Rolando Canahuate- realizó una intervención que se
extendió por aproximadamente una hora y media.
En ella presentó documentación en
papel, como los contratos, las bases de la licitación, correos electrónicos y
otras evidencias, además de las imágenes y grabaciones de interceptaciones
telefónicas realizadas por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI
de Chillán, con orden del Tribunal sancarlino.
Luego vino un receso de 20
minutos y fue el turno de las defensas, quienes plantearon la solicitud de
prisión preventiva como exagerada, y pidieron explorar otras menos gravosas,
como la de arresto domiciliario, toda vez que no se invocó el “peligro de
fuga”, para pedir la prisión preventiva.
Entonces, si la audiencia arrancó
a las 12.30 horas, el martillazo resolutorio cayó cerca de las 18.00 horas.
“No presentaron nada”
Giovani Gotelli admite que
terminó la audiencia “bastante molesto”. Tras acceder a conversar con La
Discusión, se excusa de no desenvolverse en mayores detalles, dado el carácter
de reservada de la audiencia. Pero “sí puedo entregar mi parecer”, dice.
Se toma unos segundos para
encender un cigarrillo y tras un “a ver…” que le sirvió para ordenar sus ideas
sostuvo que “para mí, lo que vimos hoy no resiste análisis jurídico. La Fiscalía dice que se está ante un delito que causa un grave daño a la cosa
pública, pero durante toda su exposición no aportaron nada en ese sentido”.
Gotelli alegó en la audiencia que
se armó una causa artificiosamente, para “sustentar un delito que no me pareció
acreditado, con la mira de obtener una prisión preventiva”.
Respecto a las llamadas
telefónicas que se presentaron en el estrado, plantea que “en modo alguno son concluyentes
respecto a los delitos que se le imputaron al señor Campos”.
Sobre esas llamadas telefónicas
entre Vallejos y Campos, el defensor Ricardo Robles apoyó la tesis de Gotelli,
añadiendo que “la fiscalía no mostró absolutamente nada que hiciera presumir
que el señor Vallejos estuviera involucrado en algún delito. No presentaron
constancias de pagos, no hay constancias de correos electrónicos que lo puedan
relacionar a algún acto de cohecho o violación de secreto, no hay registros de
comunicación entre mi representado y el empresario Lefort; no tienen testigos,
no tienen nada”, insiste.
Por esa razón pretende apelar de
la resolución tomada por el Tribunal sancarlino, de privarlo de libertad como
medida cautelar.
“Estamos evaluando los recursos
que poner en la corte, porque no es posible que una conversación telefónica
cuyo contenido es entendido como prueba, sólo por una interpretación especial
de la fiscalía, sea razón suficiente para dejarlo en prisión”, insistió.
El misterio de San Carlos
Finalmente, ambas defensas
incidentaron la competencia del Tribunal sancarlino para conocer delitos
supuestamente cometidos en Chillán.
La Fiscalía, en respuesta,
explicó que la causa se origina a raíz de una denuncia hecha en esa comuna, a
raíz de otra negociación irregular que habría cometido Itelecom con una entidad
que no fue dada a conocer en la audiencia.
“Pero no pudimos saber más. Eso
fue todo lo que se dijo. La verdad es que toda la audiencia estuvo basada en
generalidades, nada específico y por ser causa secreta, ni siquiera sabemos por
qué la audiencia es en San Carlos, ni qué pruebas tienen ni nada”, observó
Ricardo Robles.
También se esperaba que se
entregara la lista de lo que se le incautó a los imputados, pero tampoco
sucedió, por ser parte del secreto investigativo.
Tanto el Ministerio Público como
la jueza Gómez habían ofrecido hacer declaraciones a la prensa, finalizada la
audiencia, sin embargo, y objetando el secreto de la audiencia, ninguna de las
dos entidades lo hicieron, salvo por sendos comunicados de prensa.
A “avisparse” con lo político
El viernes último, el alcalde de
Chillán, Sergio Zarzar solicitó que el Consejo de Defensa del Estado
interviniera como querellante en la causa. El CDE deberá resolver esta
situación, una vez que se les notifique de la presentación de la querella
alcaldicia, pero además, deberán aguardar el alzamiento del secreto de la
investigación fiscal, por 40 días, decretada el pasado martes 5 de mayo, para
poder estudiar recién los antecedentes que les permitan sustentar su
participación.
Pero quienes no quieren plazos
para intervenir en la municipalidad, son los representantes del senado en
Ñuble, Felipe Harboe (PPD) y Víctor Pérez Varela (UDI), quienes exigieron
cambios inmediatos en la estructura administrativa municipal.
Harboe, manifestó que “se ha
formalizado al administrador municipal y al abogado de la municipalidad de
Chillán, por temas de corrupciones, esto es extremadamente grave y se le exige
al alcalde Zarzar que destituya de inmediato al administrador municipal”.
Continuó planteando que “es
impresentable que el administrador municipal de la capital regional se
encuentre formalizado y en prisión preventiva, eso no es aceptable así que
esperamos que el alcalde Zarzar, de una vez por todas, tome acciones rápidas y
concretas al interior del municipio”.
En tanto, Pérez Varela, fue más
allá y dice que “el alcalde debe ya plantearse la necesidad de hacer una reestructuración
profunda a su equipo administrativo. Tengo claro que la formalización es solo
el inicio de una investigación pero no hay que ser muy avispado para darse
cuenta de las repercusiones que esto tiene en lo político”.
Para Pérez, “esto remece a la
municipalidad y a toda la gente honrada que allí trabaja, incluido al alcalde.
Ante esta situación, él debe tener toda la libertad para hacer los cambios
necesarios, para que las consecuencias penales no contaminen lo que se está
haciendo en ese municipio”.
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