Comuna El Carmen, región de Ñuble
El Estado a través del Ministerio de Obras Públicas pretende
construir un embalse en el río Diguillín, denominado “Embalse Zapallar”, en la
Región de Ñuble.
El proyecto se pretende emplazar en el sector Zapallar de la
comuna de El Carmen. Tendrá un costo de más de 212 millones de dólares. El
volumen de almacenamiento será de 80,0 millones de m3. El área de influencia
será de 1.093,19 hectáreas y 389 hectáreas serán inundadas aproximadamente. Las
comunas afectadas con este proyecto son Pinto, San Ignacio y El Carmen.
Más allá del millonario gasto fiscal que implica una
iniciativa de estas características, gasto que podría destinarse a áreas
prioritarias para la sociedad chilena como salud, educación o vivienda, en
especial en una de las regiones más pobres del país como lo es Ñuble. Con el
dinero destinado al embalse se podrían construir 1.970 farmacias populares, 21
centros de formación técnica estatales (la Región de Ñuble no cuenta con
ninguno) y cerca de 10.000 viviendas sociales (en Ñuble aún hay 9.239 familias
que no tienen casa propia).
El proyecto tendrá un costo ambiental y social irreparable.
Respecto del costo ambiental, desaparecerán cientos de hectáreas de bosque
nativo con la consiguiente pérdida del hábitat de la fauna local —parte
importante de la flora y fauna que será depredada pertenece a la Reserva de la
Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja. El daño a la
biota acuática será irreversible, tanto en el río como sus afluentes, debido a
que sus caudales disminuyen cada año, por lo que desaparecerán aguas abajo.
Los costos sociales no son menos graves. En el área de
inundación desaparecerán más de 20 hitos arqueológicos, pues es imposible
trasladarlos. Familias que viven de la agricultura de subsistencia y de la
pequeña ganadería se verán forzadas a abandonar sus tierras, y a emigrar del
campo a la ciudad, lo que traerá como consecuencias el desarraigo y la
precarización de sus modos de vida. Algunas tendrán que irse a causa de las
expropiaciones, y otras por falta de acceso al agua se verán obligadas a vender
sus propiedades en una zona donde, coincidentemente, la industria forestal se
expande sin ningún tipo de control.
En los países asentados en democracias reales existe lo que se denomina la participación temprana. Esta se entiende como un proceso previo a los estudios de impacto ambiental donde las empresas presentan sus proyectos, las comunidades discuten si son beneficiosos o no y la decisión que tomen estas son vinculantes. Es decir, las comunidades realizan observaciones en caso de que consideren que la ejecución traerá beneficios, las empresas adecuan el proyecto de acuerdo a los estándares que exigen las comunidades o suspenden la realización en caso de que la mayoría afectada considere que el proyecto disminuirá su calidad de vida. La participación temprana permite que las iniciativas empresariales de esta envergadura adquieran lo que se denomina Licencia Social, que significa que cuentan con legitimidad social, credibilidad y confianza por parte de las comunidades.
El proyecto Embalse Zapallar adolece de tales
características y desde un inicio el proceso para llevarlo a cabo ha estado
viciado. En ninguna etapa temprana del proyecto el MOP trabajó con las
comunidades afectadas, tampoco se les informó sobre los alcances, positivos o
negativos, de este y menos se incorporó o se validó el conocimiento local.
Tampoco lo hizo la empresa a cargo del estudio (consultora Consorcio MN
Ingenieros-LEN Asociados). Según testimonios de los habitantes del sector, de
un momento a otro comenzaron a aparecer personas extrañas al lugar a realizar
mediciones y trabajos con actitud prepotente y sin siquiera identificarse.
En el caso de que algún residente negara la entrada a su
propiedad se le amenazaba con Carabineros o con la Fiscalía. Solo después que
se publicó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) realizó algunas reuniones donde se explicaron generalidades, no
se aclararon dudas y se le mintió a la gente exponiéndoles que serían
beneficiarios del proyecto cuando el caso es el contrario.
Respecto del mismo estudio el MOP lo retiró del SEA por la
gran cantidad de observaciones y cuestionamientos, a un estudio a todas luces
superficial y carente de rigor técnico, por parte de otros organismos del
estado y de la ciudadanía.
Hoy los promotores de esta iniciativa —principalmente el
sector agroindustrial de la Región Ñuble— nuevamente presionan al gobierno de
turno para que acelere el proyecto y en una carta dirigida al ministro de Obras
Públicas, Alfredo Moreno (diario La Discusión, 29/01/2020), exigen comenzar
cuanto antes las expropiaciones a las familias que viven en el sector, amenazado
con la construcción del embalse sin siquiera contar con un EIA serio y riguroso
que dé cuenta de las reales dimensiones que tendrá una obra de esta
envergadura.
Como organizaciones que defendemos el río Diguillín y nos
oponemos a la construcción del embalse, esperamos que el gobierno no ceda a las
presiones del grupo interesado. En un proyecto que no cuenta con la
legitimidad, credibilidad y confianza de los afectados ni de la ciudadanía, no
es posible que el Estado se ponga al servicio, con financiamiento y coerción, de
los intereses economicistas de un grupo particular sin medir costos sociales y
medioambientales.
En un contexto de crisis hídrica nacional es inconcebible
que se siga permitiendo el crecimiento desregulado de la agroindustria, sector
que junto a la minería, son los principales responsables de la falta de acceso
al agua de cientos de comunas del país y de daños medioambientales
incalculables. El Estado no puede seguir siendo aval y propiciador del despojo
del agua (y con ello de las tierras) de las comunidades rurales. Es momento de
que nuestras autoridades dejen de estar al servicio de las élites económicas,
principales responsables del saqueo de los recursos naturales. La ciudadanía en
la actualidad ha adquirido consciencia y responsabilidad sobre el cuidado del
escaso patrimonio que aún queda y no está dispuesta a que una élite, que
insiste en ver el país como un latifundio, lo siga depredando bajo el amparo
del Estado y de los gobernantes de turno.
Diguillín, viernes 31 de enero de 2020
Organizaciones firmantes:
Somos Diguillín
Unión Diguillín
Contacto: noalembalse.zapallar@gmail.com
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