AGRO.- (Diario El Centro).- Dirigentes calificaron como limitadas las atribuciones otorgadas a la FNE, demandando una mayor capacidad de investigación para esta entidad.
Protagonistas al presentar -al menos en cuatro ocasiones durante los últimos 17 años- denuncias de abuso de poder dominante y competencia desleal contra las principales industrias del vino en el país ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el gremio de viñateros era uno de los actores que más clamaba por sanciones más fuertes para delitos de colusión y abusos dentro del mercado.
Sin embargo, tras conocer los anuncios el pasado lunes por
parte del presidente Sebastián Piñera, fueron varias las voces dentro del
gremio vitivinícola -tanto a nivel local como nacional- que manifestaron su
insatisfacción por el cuestionable alcance de tal agenda.
Yenni Llanos, coordinadora de la Coalición Nacional de
Viñateros, sostuvo que no es el “abuso” el problema de fondo y sí la
“corrupción” existente entre los poderes políticos y económicos, exponiendo la
existencia de conflictos de intereses de las propias autoridades del Ministerio
de Agricultura.
“¿Las principales autoridades del agro no provienen de las
grandes empresas agroexportadoras que mantienen a las pymes agrícolas
oprimidas? ¿Por qué tenemos a un subsecretario de Agricultura justificando
abusos por cuestiones de mercado internacional, usando información errónea y
confundiendo a la comunidad?”, se preguntó Llanos.
PRESIÓN DE PODERES ECONÓMICOS
Tras la mención de un fortalecimiento de la FNE con la
implementación de nuevas herramientas para prevenir, investigar y denunciar las
conductas anticompetitivas, Pablo Navarrete, presidente de los viticultores de
Villa Alegre y Loncomilla, señaló que esta es la oportunidad para reflejar la
total independencia de esta entidad.
Denunció la presión de los poderes económicos para limitar
el correcto funcionamiento de la FNE, al recordar cómo en el 2010 los fiscales
investigadores que llevaban adelante la denuncia de abuso de poder dominante y
competencia desleal dentro de la industria del vino, fueron cambiados en tres
oportunidades sin explicación alguna.
“En otros países en época de siembra ya el productor conoce
los precios, mientras que aquí las grandes empresas manipulan el mercado y no
existe competencia, siendo esta la explicación sobre cómo han dominado en este
rubro, dando lugar a un oligopolio (mercado dominado por un pequeño número de
grandes vendedores) demostrando la influencia de los poderes económicos”,
denunció.
Yenni Llanos recapituló que tras el último dictamen de la
FNE en el 2017, donde a pesar de descartar la posición dominante de competencia
desleal, se afirmó la existencia de cuestiones sectoriales que están afectando
la competitividad, como la determinación de precio uva-vino y la falta de
veracidad en la información.
Agregó que a pesar de haber oficiado la FNE al Ministerio de
Agricultura, así como al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) cuestiones de índole sectorial que
estaban afectando la competitividad, nada se ha hecho para trasparentar el
mercado.
Por último, se cuestionó además por qué en la agenda
antisaqueo se dictan penas de 5 años a quien tira la piedra, pero, en materia
anti-colusión, no se establecen sanciones penales para aquellos del poder
político y económico que se coluden y roban miles de millones en aquellos
mercados que no son “de primera necesidad”.
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