AGRO.- (El Mercurio).-
El Ministerio de Agricultura trabaja en acelerar las conversaciones con
distintos rubros para identificar dónde se ve afectada la transparencia o la
libre competencia, con la idea de mejorar las regulaciones.
En octubre de 2011, la Fiscalía Nacional Económica (FNE)
inició una investigación de oficio para revisar las relaciones entre las
empresas Soprole y Nestlé en su calidad de competidores en el mercado de la
leche y lácteos. A ella, durante seis años, se sumaron nuevas denuncias y
antecedentes aportados por diputados y productores sobre eventuales conductas
de abuso de posición dominante de ambas compañías y de Watt's.
A comienzos de 2018, la FNE archivó la investigación y
determinó que a lo largo de los años observó una disminución en la intensidad
de la competencia en el mercado de la compra de leche cruda, pero que no era
atribuible a conductas de abuso de poder, por lo que recomendó tomar medidas
sectoriales para corregir esa situación.
En tanto, en el rubro de los viñateros, a fines de 2015, un
grupo de 14 asociaciones de las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío presentó
una denuncia ante la FNE en contra de las tres principales viñas del país, por
un eventual abuso de posición dominante en esa industria.
Tras un año de investigación, la FNE descartó la denuncia y
argumentó que no se observaba una posición dominante por parte de los agentes
compradores de uva vinífera, al analizar factores como su participación de
mercado y tamaño de cada empresa, aunque también reconoció que existen
circunstancias sectoriales que podrían afectar el desempeño competitivo.
Ambos casos se suman a otras denuncias presentadas
anteriormente a la FNE, una por eventuales irregularidades en la cadena del
trigo, harina y pan, que se archivó en 2009 por no contar con antecedentes
suficientes para sostener una hipótesis de colusión, y otra por la colusión en
las cuotas de producción en la industria de la carne de pollo, el único caso
del sector que hasta ahora ha llegado a ser condenado por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Así, el tema es uno de los que más preocupan al sector y
está generando distintas acciones que ayuden a avanzar.
“Hemos estado trabajando desde el día uno en la
transparencia de los mercados, pero este estallido nos hace abrir más los ojos
y acelerar el proceso de diálogo. Por eso, Odepa va a trabajar a través de un
grupo de economistas agrarios en forma sistemática y rápida para ver que no tengamos
conductas ni prácticas indeseadas que afectan al libre mercado”, explica el
ministro de Agricultura, Antonio Walker, refiriéndose a que se está buscando
poner un mayor énfasis en evitar las prácticas que atenten contra la libre
competencia, para lo cual intensificará su trabajo en esa línea a través de
Odepa.
Advierte que no estarán enfocados en un rubro en particular,
sino que el análisis de la competencia se realizará a través de las 24 mesas de
trabajo que ya funcionan al alero de Odepa. “Queremos que los mercados sean lo
más transparentes posible y que no existan malas prácticas que puedan
distorsionar los precios. Es bastante acotado lo que puede hacer el ministerio,
pero creemos que podemos dar esta mirada y aportar a la FNE con ella, llevando la
mayor información posible para asegurar el libre mercado”, plantea.
El ministro resalta que una de las claves para avanzar en
conocer con más detalle las situaciones o prácticas que podrían afectar la
libre competencia es intensificar el diálogo con los distintos actores, donde
la cartera puede actuar como facilitadora de prácticas competitivas y acuerdos.
“El mejor negocio es que tanto al productor como al
procesador y comprador les vaya bien. Queremos asegurar que cada eslabón de la
cadena tenga su justa retribución, lo que se hace con instituciones que
regulan, funcionan y miran... El rayado de cancha lo hacemos nosotros y tenemos
que fiscalizar que se cumpla”, dice.
Concretar medidas
Pese a que valora la disposición del Minagri, la presidenta
de la Coalición Nacional de Viñateros, Yenny Llanos —quien lideró la denuncia
presentada ante la FNE en 2015—, cree que el contexto actual exige tomar
acciones concretas pronto.
“Seguimos dilatando algo que lleva años de diagnósticos,
proponiendo medidas que quedan atrapadas en los escritorios de distintos
ministros que le echan la culpa al modelo económico para no cambiar lo
sustancial, a pesar de haber propuestas que se pueden implementar perfectamente
en un modelo de libre mercado”, afirma.
Yenny Llanos considera que gremios como los lecheros,
trigueros, ganaderos y viñateros tienen claras las medidas que se requieren. En
su caso, dice que lo más urgente es definir precios referenciales para las uvas
y vinos pagados a productor, como en otros rubros, que actúen como semáforo
ante eventuales distorsiones.
“Me gusta el libre mercado, pero que funcione de verdad, con
libre competencia y transparencia, sin abusos ni distorsiones. Un mercado que
beneficie a toda la cadena y no solo al pez gordo, como ocurre en Chile, donde
no ha habido voluntad política para cambiar. Es tiempo de concretar las medidas
que hemos implorado por décadas las pymes agrícolas”, dice.
Impulsar los contratos
Según la opinión de distintos productores y representantes
de gremios, en el sector agrícola está muy presente la posición dominante de
algunas industrias en las negociaciones con los productores, aun cuando no
ocurran prácticas ilícitas, ya que existen brechas entre ambas partes.
Por eso, una de las fórmulas que se deberían incentivar es
la agricultura de contratos en productos que hasta ahora no se da en forma
masiva, como el trigo, algo que se estaría considerando entre las medidas que
analiza el Minagri.
“En la práctica, lo que tenemos no es una agricultura de
contratos, sino que contratos de adhesión, como cuando se compra un celular,
donde el productor no puede cambiar ni una coma”, dice el secretario general de
la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) de Temuco, Andreas Kobrich.
Siguiendo esa idea, propone la creación de una
superintendencia agrícola que revise y proteja a los productores frente a los
grandes poderes compradores, y considera que herramientas como la ley de
muestra y contramuestra se pueden ampliar a más productos, para avanzar en la
relación de confianza en la cadena agrícola.
Por su parte, el presidente de Fedeleche, Eduardo Schwerter,
cree que un primer paso debe ser llegar a un acuerdo sobre qué se entiende por
comercio justo.
“El claro y oportuno conocimiento de las condiciones de
compra y las razones por las cuales se modifican es un elemento de gran
importancia, al igual que la consistencia en el tiempo de las políticas de las
empresas procesadoras, ya que la producción de leche toma años en generar
ciertos cambios, por su naturaleza”, añade.
El sello que ha marcado hasta ahora al ministro Antonio
Walker es la promoción de una agricultura asociativa, a través del concepto de
cooperativismo moderno. La propuesta es valorada en forma transversal como una
herramienta para integrar verticalmente a los productores e incentivar la
transparencia en los mercados.
“Hay una sensación de abuso y de frustración muchas veces,
porque la cadena de intermediarios se queda con parte importante de las
utilidades y no el productor. Por eso hemos incentivado tan fuerte la asociatividad,
para que el productor baje sus costos, llegue al comprador final, sea más
eficiente y productivo, así el premio lo recibe él”, asegura Antonio Walker.
De hecho, los productores bovinos consideran que la
asociatividad entre los distintos eslabones de la cadena de la carne podría ser
una herramienta eficaz para corregir imperfecciones.
“En Chile hay muy pocas plantas faenadoras que cumplen con
los requisitos para exportar y cada vez hay una mayor concentración. El Estado
debería promover programas que estimulen la asociación o encadenamiento de los
productores y las plantas, donde ambas sean estimuladas a trabajar juntas y ser
parte del negocio de exportar carne”, propone el presidente de Fedecarne,
Carlos González.
En cuanto al mercado nacional, plantea que se debe mejorar
la trazabilidad de la carne desde el nacimiento de los animales hasta el
supermercado, tanto para la nacional como la importada, con información que
esté disponible para los consumidores.
Fortalecer la competencia
es un punto que va más allá de la cartera de
Agricultura, el exministro Carlos Furche plantea que otra de las fórmulas para
fortalecer la libre competencia del sector y de otros rubros de la economía es
reforzar la institucionalidad que actualmente resguarda la competencia, como la
Fiscalía Nacional Económica, y darle mayores atribuciones.
“Desde luego, la colusión debe ser sancionada con cárcel,
pero también se deben revisar otras situaciones como los abusos de posición
dominante, la concentración monopólica u oligopólica y sus abusos respecto de
los productores, en el caso de la agricultura”, plantea.
También considera que es un momento propicio para crear una
unidad para fortalecer la competencia de las cadenas de comercialización más
complejas en el Ministerio de Agricultura, que permita recoger las inquietudes
de los productores.
“Se deben fortalecer las capacidades de las organizaciones y
disponer de recursos que les permitan hacer un buen trabajo de seguimiento,
evaluación y eventualmente de presentación de recursos ante la FNE, para
garantizar que la competencia sea efectiva”, propone, y añade que es un tema
que se debería abordar de manera central por el actual Gobierno.
Por otra parte, una medida que se podría aplicar en
distintos rubros para favorecer la transparencia, a juicio de Carlos Furche, es
hacer obligatorio que se establezcan los parámetros con los cuales se mide la
calidad de los productos y las pautas de precios en forma regular, oportuna y
constatable con la realidad.
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