martes, 10 de diciembre de 2019

Fórmulas para evitar las prácticas injustas en el comercio agrícola


AGRO.- (El Mercurio).-  El Ministerio de Agricultura trabaja en acelerar las conversaciones con distintos rubros para identificar dónde se ve afectada la transparencia o la libre competencia, con la idea de mejorar las regulaciones.

En octubre de 2011, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación de oficio para revisar las relaciones entre las empresas Soprole y Nestlé en su calidad de competidores en el mercado de la leche y lácteos. A ella, durante seis años, se sumaron nuevas denuncias y antecedentes aportados por diputados y productores sobre eventuales conductas de abuso de posición dominante de ambas compañías y de Watt's.

A comienzos de 2018, la FNE archivó la investigación y determinó que a lo largo de los años observó una disminución en la intensidad de la competencia en el mercado de la compra de leche cruda, pero que no era atribuible a conductas de abuso de poder, por lo que recomendó tomar medidas sectoriales para corregir esa situación.

En tanto, en el rubro de los viñateros, a fines de 2015, un grupo de 14 asociaciones de las regiones de O'Higgins, Maule y Biobío presentó una denuncia ante la FNE en contra de las tres principales viñas del país, por un eventual abuso de posición dominante en esa industria.

Tras un año de investigación, la FNE descartó la denuncia y argumentó que no se observaba una posición dominante por parte de los agentes compradores de uva vinífera, al analizar factores como su participación de mercado y tamaño de cada empresa, aunque también reconoció que existen circunstancias sectoriales que podrían afectar el desempeño competitivo.


Ambos casos se suman a otras denuncias presentadas anteriormente a la FNE, una por eventuales irregularidades en la cadena del trigo, harina y pan, que se archivó en 2009 por no contar con antecedentes suficientes para sostener una hipótesis de colusión, y otra por la colusión en las cuotas de producción en la industria de la carne de pollo, el único caso del sector que hasta ahora ha llegado a ser condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Así, el tema es uno de los que más preocupan al sector y está generando distintas acciones que ayuden a avanzar.

“Hemos estado trabajando desde el día uno en la transparencia de los mercados, pero este estallido nos hace abrir más los ojos y acelerar el proceso de diálogo. Por eso, Odepa va a trabajar a través de un grupo de economistas agrarios en forma sistemática y rápida para ver que no tengamos conductas ni prácticas indeseadas que afectan al libre mercado”, explica el ministro de Agricultura, Antonio Walker, refiriéndose a que se está buscando poner un mayor énfasis en evitar las prácticas que atenten contra la libre competencia, para lo cual intensificará su trabajo en esa línea a través de Odepa.

Advierte que no estarán enfocados en un rubro en particular, sino que el análisis de la competencia se realizará a través de las 24 mesas de trabajo que ya funcionan al alero de Odepa. “Queremos que los mercados sean lo más transparentes posible y que no existan malas prácticas que puedan distorsionar los precios. Es bastante acotado lo que puede hacer el ministerio, pero creemos que podemos dar esta mirada y aportar a la FNE con ella, llevando la mayor información posible para asegurar el libre mercado”, plantea.

El ministro resalta que una de las claves para avanzar en conocer con más detalle las situaciones o prácticas que podrían afectar la libre competencia es intensificar el diálogo con los distintos actores, donde la cartera puede actuar como facilitadora de prácticas competitivas y acuerdos.

“El mejor negocio es que tanto al productor como al procesador y comprador les vaya bien. Queremos asegurar que cada eslabón de la cadena tenga su justa retribución, lo que se hace con instituciones que regulan, funcionan y miran... El rayado de cancha lo hacemos nosotros y tenemos que fiscalizar que se cumpla”, dice.


Concretar medidas
Pese a que valora la disposición del Minagri, la presidenta de la Coalición Nacional de Viñateros, Yenny Llanos —quien lideró la denuncia presentada ante la FNE en 2015—, cree que el contexto actual exige tomar acciones concretas pronto.

“Seguimos dilatando algo que lleva años de diagnósticos, proponiendo medidas que quedan atrapadas en los escritorios de distintos ministros que le echan la culpa al modelo económico para no cambiar lo sustancial, a pesar de haber propuestas que se pueden implementar perfectamente en un modelo de libre mercado”, afirma.

Yenny Llanos considera que gremios como los lecheros, trigueros, ganaderos y viñateros tienen claras las medidas que se requieren. En su caso, dice que lo más urgente es definir precios referenciales para las uvas y vinos pagados a productor, como en otros rubros, que actúen como semáforo ante eventuales distorsiones.

“Me gusta el libre mercado, pero que funcione de verdad, con libre competencia y transparencia, sin abusos ni distorsiones. Un mercado que beneficie a toda la cadena y no solo al pez gordo, como ocurre en Chile, donde no ha habido voluntad política para cambiar. Es tiempo de concretar las medidas que hemos implorado por décadas las pymes agrícolas”, dice.
Impulsar los contratos

Según la opinión de distintos productores y representantes de gremios, en el sector agrícola está muy presente la posición dominante de algunas industrias en las negociaciones con los productores, aun cuando no ocurran prácticas ilícitas, ya que existen brechas entre ambas partes.
Por eso, una de las fórmulas que se deberían incentivar es la agricultura de contratos en productos que hasta ahora no se da en forma masiva, como el trigo, algo que se estaría considerando entre las medidas que analiza el Minagri.

“En la práctica, lo que tenemos no es una agricultura de contratos, sino que contratos de adhesión, como cuando se compra un celular, donde el productor no puede cambiar ni una coma”, dice el secretario general de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) de Temuco, Andreas Kobrich.

Siguiendo esa idea, propone la creación de una superintendencia agrícola que revise y proteja a los productores frente a los grandes poderes compradores, y considera que herramientas como la ley de muestra y contramuestra se pueden ampliar a más productos, para avanzar en la relación de confianza en la cadena agrícola.

Por su parte, el presidente de Fedeleche, Eduardo Schwerter, cree que un primer paso debe ser llegar a un acuerdo sobre qué se entiende por comercio justo.

“El claro y oportuno conocimiento de las condiciones de compra y las razones por las cuales se modifican es un elemento de gran importancia, al igual que la consistencia en el tiempo de las políticas de las empresas procesadoras, ya que la producción de leche toma años en generar ciertos cambios, por su naturaleza”, añade.


Más asociatividad
El sello que ha marcado hasta ahora al ministro Antonio Walker es la promoción de una agricultura asociativa, a través del concepto de cooperativismo moderno. La propuesta es valorada en forma transversal como una herramienta para integrar verticalmente a los productores e incentivar la transparencia en los mercados.

“Hay una sensación de abuso y de frustración muchas veces, porque la cadena de intermediarios se queda con parte importante de las utilidades y no el productor. Por eso hemos incentivado tan fuerte la asociatividad, para que el productor baje sus costos, llegue al comprador final, sea más eficiente y productivo, así el premio lo recibe él”, asegura Antonio Walker.

De hecho, los productores bovinos consideran que la asociatividad entre los distintos eslabones de la cadena de la carne podría ser una herramienta eficaz para corregir imperfecciones.

“En Chile hay muy pocas plantas faenadoras que cumplen con los requisitos para exportar y cada vez hay una mayor concentración. El Estado debería promover programas que estimulen la asociación o encadenamiento de los productores y las plantas, donde ambas sean estimuladas a trabajar juntas y ser parte del negocio de exportar carne”, propone el presidente de Fedecarne, Carlos González.

En cuanto al mercado nacional, plantea que se debe mejorar la trazabilidad de la carne desde el nacimiento de los animales hasta el supermercado, tanto para la nacional como la importada, con información que esté disponible para los consumidores.
Fortalecer la competencia

es un punto que va más allá de la cartera de Agricultura, el exministro Carlos Furche plantea que otra de las fórmulas para fortalecer la libre competencia del sector y de otros rubros de la economía es reforzar la institucionalidad que actualmente resguarda la competencia, como la Fiscalía Nacional Económica, y darle mayores atribuciones.

“Desde luego, la colusión debe ser sancionada con cárcel, pero también se deben revisar otras situaciones como los abusos de posición dominante, la concentración monopólica u oligopólica y sus abusos respecto de los productores, en el caso de la agricultura”, plantea.

También considera que es un momento propicio para crear una unidad para fortalecer la competencia de las cadenas de comercialización más complejas en el Ministerio de Agricultura, que permita recoger las inquietudes de los productores.

“Se deben fortalecer las capacidades de las organizaciones y disponer de recursos que les permitan hacer un buen trabajo de seguimiento, evaluación y eventualmente de presentación de recursos ante la FNE, para garantizar que la competencia sea efectiva”, propone, y añade que es un tema que se debería abordar de manera central por el actual Gobierno.

Por otra parte, una medida que se podría aplicar en distintos rubros para favorecer la transparencia, a juicio de Carlos Furche, es hacer obligatorio que se establezcan los parámetros con los cuales se mide la calidad de los productos y las pautas de precios en forma regular, oportuna y constatable con la realidad.

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