REGIONAL.- (ladiscusion.cl).- Conforme aumentan los días en
que se han desarrollado las jornadas de protestas, el tenor y tono de los
informes realizados por el director regional del Instituto de Derechos Humanos
(INDH) de Ñuble, Daniel Concha, se ha ido endureciendo.
De una primera impresión que apuntaba a que Carabineros
estaba actuando en general conforme a los protocolos y con prácticamente nulos
incidentes que ameritaran una investigación, se llegó a un informe emanado el
lunes último en el que, derechamente, se acusan malos tratos, violencia
excesiva, incumplimientos al protocolo y, por primera vez en lo que va del
fenómeno social, torturas.
Lo más censurable a ojos del director es que “se trata de
una violencia que se da en una región como Ñuble, y en especial en una ciudad
como Chillán, donde las marchas han sido mayoritariamente pacíficas”.
En su último informe, Concha destaca que se pasó de una a
tres querellas ya presentadas luego de reunir evidencias suficientes.
De esta manera, al caso de la mujer que recibió un impacto
en su ojo, el 19 de octubre (aún se investiga si fue una piedra o un balín), se
suma “el caso de un paciente siquiátrico que estaba descompensado y fue
detenido y llevado a un calabozo de la comisaría de Bulnes, pero no se le dio
asistencia ni se le llevó al hospital”.
Y otra acción legal por el caso de un joven “que recibió
perdigones en el estómago, en la cara y una bomba lacrimógena en la pierna”.
Por otro lado, en el mismo informe consta que las denuncias
aumentaron a 45.
El Gope en los calabozos
Otro punto de inflexión con las primeras apreciaciones con
carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán es una observación hecha en los
calabozos.
Si en los primeros días, Concha certificó un trato adecuado
y un completo apego a los protocolos, en esta ocasión dice que “hemos visto que
a los calabozos ingresa personal de Fuerzas Especiales a continuar con sus
procedimientos y también a funcionarios que no están debidamente identificados”,
asevera.
El informe de HRW
Hoy, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena
Recabarren, manifestó la necesidad de modernizar y reestructurar los
procedimientos policiales de Chile, en el contexto de manifestaciones como
también ante actos de mayor riesgo.
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