Uno de los escenarios posible en el caso del penal regional que se pretende construir, es el cierre de la cárcel local (CDP), esto debido a que el proyecto de un centro penitenciario modelo para Ñuble,
busca concentrar en un nuevo edificio, la población penal que hoy está en los recintos de Chillán, San Carlos y Quirihue, antiguos establecimientos de madera que motivaron precisamente este proyecto.
Esta semana comenzó a circular un rumor de que la autoridad local tendría un documento del nivel regional que confirmaría la decisión de no considerar definitivamente a la comuna de San Carlos para la instalación del penal modelo, sin embargo al poco andar se estableció que tal rumor no tenía fundamentos, mas allá de querer tomar el liderazgo del movimiento "No a la Cárcel".
Recordemos que el sábado último el alcalde Gebrie llegó al sector de San Miguel de Ablemo con una improvisada caravana y una veintena de personas, actividad donde un vecino megáfono en mano, les invitaba a retirarse del lugar.
El grupo de personas que originalmente se ha organizado bajo el título de "No a la cárcel en San Carlos", han declarado que no tendrían pretensiones políticas y es más, se han alejado de los políticos locales y regionales, lo que ha provocado molestia en algunos actores políticos que no logran comprender que la ciudadanía hoy tiene otra forma de actuar y no es precisamente siendo representada por terceros.
Este miércoles el intendente Arrau citó a tres integrantes del movimiento "No a la cárcel" para conversar del proceso y asegurarles que se ha continuado avanzado en la búsqueda del terreno para el penal regional, subrayando la disposición del alcalde de Chillán, quien al ser consultado manifestó su total disposición a aceptar que dicho recinto se construya en su comuna.
Esta falta de liderazgo y organización ha costado caro en San Carlos, si se hace un análisis desapasionado, ya que al surgir tres problemas, el TAG de la Ruta 5, la entrega de una parte del Liceo Agrícola a Carabineros para una escuela de formación y la posible instalación de un recinto penitenciario en San Miguel de Ablemo, no hubo coordinación, sino solo intentos políticos de querer dominar el tema.
Por lo anterior, es que apareció un grupo de personas que se organizó y nombró como vocera a la abogada Isabel García, quien comenzó a liderar este movimiento y aun cuando varios se "subieron" con pretensiones políticas, su presencia no fue del agrado de las personas que solo buscaban que no se instalara la cárcel en San Carlos, sin mayor discusión e incluso en una postura cerrada que les llevó a no indagar mayormente sobre el proyecto.
Ha sido el abogado Gonzalo Leiva, quien oficio de administrador municipal por un corto período, que en las redes sociales recordó las veces que, en los últimos años, "San Carlos ha dicho NO". “En este pueblo se han opuesto al cementerio camino a San Fabián, a la instalación del Liceo Violeta Parra al lado del cementerio municipal, al Consultorio en la Alameda (los vecinos no lo querían ahí. Decían que no podrían dormir con el ruido de las ambulancias). Hace unos meses se oponían a la instalación de un servicentro en calle Gazmuri, los mismos que hoy compran combustible allí".
Este mismo profesional señala que el proyecto pudo haberse negociado para aprovechar la instancia de pedir la llegada de los servicios públicos que debieron instalarse en la capital provincial, pedir los especialistas que faltan en el Hospital, por ejemplo. Lo que también señala el abogado Leiva en su posteo, es que de instalarse la cárcel en San Carlos, solo en cuanto a funcionarios se pasaba de 90 a 300 aproximadamente, sin contar la construcción y el trabajo que se generaría.
Cabe recordar que el movimiento NO a la cárcel ha argumentado en contra de esta instalación que San Carlos se llenaría de delincuentes en las calles y que los familiares de los presos detenidos también delinquirían lo que para el abogado Leiva " no resiste ningún análisis mínimamente serio".
Por ahora habrá que esperar las próximas semanas cuando surja la resolución que sobre el terreno para el complejo penitenciario regional, adopte Gendarmería.