Punilla enfrenta nuevamente riesgo de judicialización


REGIONES .- By Mario San Martin   Junio 27, 2019  El  constructor civil y regante del río Ñuble, Mario Arzola,  advirtió que la reclamación de Astaldi sobre  el cálculo de la capacidad de almacenamiento del Punilla,

podría ser mucho más seria que un traspié para el proyecto, pues no se debe descartar que el tema se judicialice y signifique una nueva postergación del proyecto.

El profesional, quien ha sido uno de los más críticos del proceso de licitación, particularmente respecto de lo que establecen las bases de licitación, afirmó  que una diferencia tan significativa en el cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse podría no resolverse en el Panel Técnico, lo que derivaría en una demanda ante la justicia, hecho que postergaría nuevamente el inicio de las obras.

Arzola argumentó que la concesionaria calculó la rentabilidad del proyecto a partir del volumen de agua que podrá explotar, tanto para riego como para la generación hidroeléctrica, y que si eso no se cumple, “perfectamente podría pedir la invalidación del contrato, exigir la garantía y retirarse del proyecto, sin perjuicio de obtener una indemnización millonaria, que finalmente pagaríamos todos nosotros con nuestros impuestos, entonces, no es un problema tan simple como señalan las autoridades”.

El profesional enfatizó que “no es una cosa menor, cuando usted va a iniciar un proyecto debe tener las condiciones absolutamente claras, y sobre un tema tan incidente como el agua, que es un elemento básico para la empresa, obviamente la concesionaria necesita claridad y saber a qué atenerse”. En ese sentido, Arzola expuso que será una decisión de la empresa ir o no a la justicia, “pero es lo más lógico pensar que así va a ser. Si hay un antecedente tan importante que está en entredicho, el inversionista lo tiene que aclarar antes de seguir adelante con el proyecto, porque el negocio de ellos es producir energía y para eso necesitan agua, saber con cuánta agua cuentan”.

Asimismo, lamentó que exista “un profundo desconocimiento de las autoridades sobre las condiciones establecidas en las bases de licitación”.

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