lunes, 18 de marzo de 2019

Laicos de Ñuble cuestionan cese de investigación canónica sobre Héctor Bravo


By ladiscusion.cl   Marzo 18, 2019



Por medio de un comunicado el Obispado de Chillán aclaró la situación canónica de los sacerdotes investigados por abuso sexual a menor en la Diócesis, luego de recibir nuevas instrucciones del Vaticano.



Respecto a Luis Ricardo Montenegro, cuya denuncia data de agosto pasado por un abuso a menor en San Carlos, el Obispado detalló que “el Papa Francisco ha concedido la dispensa del celibato y la pérdida del estado clerical al presbítero Luis Ricardo Montenegro. La dispensa ha sido concedida a petición del presbítero, por el bien de la Iglesia, y luego de que la Congregación para la Doctrina de la Fe hiciera al Santo Padre una relación del caso. Esto significa que el presbítero queda excluido definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal”.

Montenegro ya había sido investigado en 2012 por el actual obispo de Copiapó, Celestino Aós. Sin embargo, en la administración de Carlos Pellegrin no se hizo público porque la víctima era mayor de edad.

La Red Laical apoyó la decisión de derogar la prescripción de los delitos del presbítero Renato Toro, el caso por el que más se criticó al obispo emérito Carlos Pellegrin, pues no comunicó en 2015 de los abusos del sacerdote, cuando lo sancionó con la suspensión del ministerio por tres años.

“La Congregación para la Doctrina de la Fe ha derogado la prescripción de los delitos por los que se acusa al presbítero Renato Toro Medina y ha autorizado al administrador apostólico a realizar un proceso penal administrativo, con el fin de ahondar en la investigación iniciada en julio de 2018 y llegar a imponer, si es el caso, una pena justa. En las próximas semanas se nombrará un instructor a cargo del proceso penal, el que debiera durar cuatro meses aproximadamente. Se mantiene como medida cautelar la suspensión de todo ejercicio del ministerio”, explicaron.

La prescripción canónica en casos de abuso es de 20 años, y los delitos por los que se le acusa a Toro en su segunda denuncia datan de la década del 80.

En relación al último sacerdote denunciado por abuso a menor, Jaime San Martín, párroco de Cobquecura hasta enero, mes en que recibió la acusación, el Obispado determinó que la investigación previa era verosímil por lo que envió los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe, para recibir instrucciones. El presbítero seguirá suspendido de su ejercicio ministerial.

No se comunicaron nuevas noticias en relación el proceso administrativo penal contra Osvaldo Salgado Coe, iniciado a fines de octubre de 2018 y a cargo del canonista Claudio Soto, y que cuenta con tres denunciantes. Todas sus víctimas son exalumnos del Colegio Padre Hurtado.

“Se espera que dicho proceso pueda cerrarse en el plazo de un mes, luego de lo cual debe imponerse, si es el caso, una sanción penal”, precisó el comunicado.

El caso de Ricardo Montenegro, Renato Toro y Osvaldo Salgado son investigados por la Fiscalía Regional de O’Higgins, a cargo del fiscal Emiliano Arias.

La causa de Jaime San Martín se encuentra en la Fiscalía Metropolitana Sur, pues el Obispado puso los antecedentes del caso directamente a la Fiscalía Nacional.

Héctor Bravo

La Red Laical de Chillán valoró la decisión de comunicar públicamente los procesos. “Estamos satisfechos con que el Obispado transparente los estados en que se encuentran los distintos procesos, ya que en varias oportunidades le habíamos pedido al padre Sergio, que se informara a los laicos y a la opinión pública sobre esto”, sostuvo Ramón Solá, vocero de la Red.

Sin embargo, con “sorpresa” y “molestia”, los laicos recibieron la noticia de la suspensión de la investigación canónica de Héctor Bravo. “Con fecha 18 de febrero de 2019, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha pedido al administrador apostólico de la Diócesis, suspender la investigación canónica en curso contra el presbítero Héctor Bravo Merino, abierta en junio de 2018. La investigación diocesana no había llegado a la certeza moral de la comisión de un delito y, por otra parte, el presbítero no ha sido imputado de ninguna falta en el ámbito civil. Esta medida significa que el sacerdote no tiene restricciones para ejercer su ministerio, y que la investigación no se retomará hasta contar con elementos que muestren indicios de un delito o hasta que la Justicia Civil haga una imputación”, expresó el comunicado.

“Nos deja un poco descolocados en lo que se refiere a Héctor Bravo, nos hubiera dejado mucho más conformes que se hubiera seguido este proceso y que no se hubiera cerrado, que se hubiese esperado a que se resolviera la arista penal”. enfatizó Solá.

En tanto la Comisión de Apoyo Integral a víctimas se mostró en desacuerdo con la decisión. La Comisión, que funciona independientemente del Obispado y de la Red Laical, apoya al denunciante de Héctor Bravo, quien tenía 11 años al momento del presunto abuso, y a su familia.

“Sobre el caso de Bravo, nos parece del todo grave que se afirme con tanta soltura que no se ha llegado a la “convicción moral” de comisión de delito cuando quienes conducen la investigación canónica son aquellos cuya “convicción moral” ha permitido durante años la normalización y ocultamiento de abusos sexuales contra menores y que viven en un permanente doble estándar, como por ejemplo, teniendo familia”, afirmó Pilar Gutiérrez, abogada de la Comisión, quien representa al denunciante en conjunto con Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, exfiscales del caso Penta.

“La víctima de Bravo nunca ha sido escuchada por la Iglesia, por lo que no entendemos cómo se puede llegar a esa conclusión sin todas las versiones. Recordamos que la querella en su contra fue admitida por la justicia ordinaria y está siendo investigada por el fiscal Arias”, agregó la abogada.


No hay comentarios:

Publicar un comentario