Pese a las palabras
de los ministros Burgos y Valdés en cuanto a la importancia de reconocer los
derechos de propiedad, los gremios no bajan la guardia y preparan los pasos a
seguir en una discusión que va tomando cada día más fuerza. Mientras, los
centros de pensamientos también inician las convocatorias y el PS presenta su
propia propuesta constitucional.
Si a principios de
junio se encendieron las alarmas al interior de la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC), luego que el ministro de Hacienda, Rodrigo
Valdés, aludiera a este tema en una cena con los privados y pusiera el acento
en el bien común, ayer tanto él como su par de Interior, Jorge Burgos, trataron
de calmar los ánimos de la audiencia empresarial, que se dio cita en Icare bajo
el lema: “Lo político y lo económico”.
Tras calificar la
Constitución vigente como “eficaz”, y mencionar sus bondades, Burgos dijo que
se enfrenta la paradoja de que carece del aprecio que las cartas fundamentales
necesitan para continuar asegurando que se resuelvan los conflictos conforme a
ella.
Por ello, precisó,
“la providencia demanda que entremos en un proceso constituyente, así como la
prudencia debe guiar ese proceso”. Prudencia, uno de los términos valorados por
los privados tras el encuentro.
Burgos, manifestó
tener la “certeza” de que el pueblo de
Chile, convocado a deliberar (en una asamblea constituyente), “no despreciará
los beneficios de un sistema que protege la propiedad privada, así como estoy cierto,
defenderá nuestro régimen de libertades”.
Aunque no formó
parte de su discurso sí fue una respuesta obligada. Tras la alocución del
presidente de Icare Guillermo Tagle, el ministro Valdés se explayó sobre los
derechos de propiedad. “No concibo una economía moderna de mercado, sin
derechos de propiedad, claros, estables. Eso es consustancial a lo que es una
economía moderna y, por lo tanto, como una primera línea, los derechos de
propiedad son fundamentales”, destacó en su respuesta que en una primera
lectura dejó satisfechos a los presentes.
Y Valdés continuó:
“Tenemos que tener la seguridad de que los chilenos no van a arriesgar
cuestiones básicas que son justamente en que para que funcione la economía,
requerimos derechos de propiedad claros”.
Las dudas
Pero si los
presentes salieron con una sensación de menor nerviosismo, al interior de los
gremios están lejos de bajar la guardia. Primero, porque no les quedaron tan
claros los mensajes y segundo, porque sienten que siguen siendo tan ambiguos
como en el programa.
¿Cuáles son los
aspectos que inquietan de la carta Gantt del gobierno? Frases como que la
propiedad “obliga y que su uso debe servir al bien común”; que la nueva
Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable
e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro
radioeléctrico; que el Estado tiene
derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales,
especialmente minerales; que las aguas se declaren como bienes naturales de uso
público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén
depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares. Por último se delega
en el legislador la regulación del procedimiento de constitución,
reconocimiento, ejercicio, extinción de los derechos que se reconozcan a
particulares sobre las aguas.
En este escenario
abierto, tanto en la Sofofa como en la CPC están evaluando los pasos a seguir.
De hecho, se espera que en el próximo comité ejecutivo de la Confederación los
gremios decidan si cada uno evaluará los alcances de los cambios que se vienen
por separado, o la entidad en su conjunto contratará a juristas para determinar
su futura actuación. Están claros que en el debate que se abre no pueden quedar
atrás.
No son los únicos
actores. De hecho, ya se está moviendo un conjunto de think thank, liderados
por el Centro de Estudios Públicos para construir en base a distintas
visiones propuestas constitucionales
concretas y específicas. Algo similar a lo ya esbozado en el libro “Diálogos
constitucionales”, elaborado el año pasado.
En lo inmediato, el
PS ayer presentó su propuesta constitucional, que en el ámbito de derecho de
propiedad, a grandes rasgos mantiene lo que hay ahora, de acuerdo al diputado
Marcelo Shilling, y se recalca que la propiedad privada debe servir al bien
común.
Como sea, las
partes coinciden en que el debate será de larga de data y llegará hasta la
próxima legislatura, con nuevo gobierno y parlamento.