ODEPA licitó
consultoría ejecutada por la facultad de agronomía de la Universidad de Chile
Los resultados de
este estudio fueron publicados recientemente en el portal web de Odepa y es un
primer paso del Estado, por asumir una responsabilidad en un país de vocación
exportadora de productos agroalimetarios y de economía abierta al mundo. Sobre
todo cuando una de las conclusiones del trabajo es que “un análisis detallado
del marco jurídico chileno vinculado directa o indirectamente con las semillas
y prácticas tradicionales, así como también una revisión de las iniciativas
legales que están actualmente en estudio o en algún trámite legislativo en el
Congreso Nacional, ha permitido identificar falencias en el sistema legislativo
en materias de la protección de estas semillas y prácticas tradicionales”.
Se señala en el
estudio que la “Revolución Verde”, tendencia mundial entre los años 1940-70
para mejorar rendimientos agrícolas a través de tecnología y mejoramiento
genético, fomentó el desarrollo y uso de semillas híbridas de mayor rendimiento
y de agroquímicos y fertilizantes sintéticos junto a una agricultura intensiva,
desplazando a “variedades localmente adaptadas cultivadas según tradiciones
campesinas ancestrales. Esta situación ha provocado la desaparición y erosión
de parte importante del patrimonio de semillas tradicionales cultivadas,
especialmente por pequeños agricultores, comunidades locales e indígenas”.
En este aspecto
afirman que el camino es el uso de semillas adaptadas localmente, logrando
reducir el uso de insumos y agroquímicos sintéticos, y proteger el medio
ambiente y la salud de los consumidores. También el rescate y uso de semillas
tradicionales es muy relevante como medidas de adaptación a la sequía y suelos
degradados, que se ha instalado producto del cambio climático y de otros
factores antrópicos”.
Se concluye que la
conservación y uso sustentable de las semillas tradicionales es un tema
relativamente nuevo en la agenda pública del país, sobre lo que no se ha pensado
mucho y que requiere de cambios en la legislación, de nuevas políticas y
medidas de promoción y financiamiento que no existen en la actualidad, lo cual
implica un gran desafío.
El estudio abarca
108 páginas y es un aporte para enfocar el tema de la protección del patrimonio
genético del país, en momentos que urgen definiciones para firmar tratados como
el polémico UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales). Finalmente propone 61 medidas específicas jurídicas y de otra
índole, considerando difusión, educación, en que los mismos consultores
destacan como de máxima importancia las tres primeras que apuntan a modificar
la Ley de Semillas para permitir que las variedades tradicionales se puedan
comercializar en un sistema equivalente al de las semillas corrientes, sin la
exigencia perentoria de registros formales, tal como se hace con las hortalizas
y flores. Para facilitar la acreditación del carácter tradicional de una
semilla, se propone utilizar: el Inventario Nacional del Ministerio de
Agricultura.
En segundo lugar
modificar la Ley de Semillas y su Reglamento de forma tal de autorizar
expresamente la posibilidad de intercambiar semillas de variedades
tradicionales.
La tercera
iniciativa propone la moción de reforma constitucional del senador Carlos
Bianchi, donde señala que la Constitución deberá asegurar a todas las personas
el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del
Estado velar para que este derecho no sea afectado, tutelar la preservación de
la naturaleza, y promover la preservación y recuperación de la biodiversidad
genética y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la
conservación e intercambio libre de semillas. La ley podrá establecer
restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades
para proteger el medio ambiente”.
fuente:ladicusion.cl