La Contraloría General de la
República dio un plazo perentorio de 30 días al municipio de San Carlos para que modifique la ordenanza municipal
referida a las maquinas de juegos, ya que tal disposición no se ajusta a derecho.
El municipio no habría atendido
el fondo de la demanda y habría cuestionado el poder de quien representó a los
comerciantes afectados, ignorando las solicitudes
de reliquidación por lo que debió
intervenir la contraloría. (Noticia en desarrollo)