Abogado defensor de Lorena Jardúa
insiste en que la prueba del Ministerio Público es demasiado pobre como para
una acusación.
El 23 de octubre de 2013, luego
que finalizara la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de San
Carlos, por el delito de fraude electoral en contra de la alcaldesa de San
Fabián Lorena Jardúa, su abogado defensor, Ricardo Robles, manifestó públicamente
su extrañeza por “lo pobre de los antecedentes que trajo el Ministerio Público
en contra de mi representada”.
En esa oportunidad la fiscal
Patricia Suazo, especialista en casos de corrupción, explicó que había a lo
menos siete casos de personas que habrían declarado que la alcaldesa y el
concejal Juan Carlos Parada los habían inducido para cambiarse de jurisdicción,
desde San Carlos a San Fabián, para sufragar a favor de ellos.
Con la investigación aún en
curso, la fiscal Suazo solicitó al juzgado sancarlino una nueva fecha y hora
para reformalizar a la alcaldesa Jardúa.
En voz de la abogada de la
Fiscalía, “se trata de una audiencia que hemos solicitado para precisar algunos
hechos, recordemos que se trata de una investigación vigente y sobre la que
todavía hay diligencias encargadas”.
La acusación original apuntaba a
que la jefa comunal había cometido el delito de inducción a señalar falso
domicilio de algunos votantes.
“Pero resulta que en un comienzo
la denuncia que hizo el senador (Alejandro)
Navarro y el ex alcalde Cristián Fernández, hablaba de un gran fraude
electoral, sin embargo la señora Jardúa ganó por más de mil votos. Como
obviamente no hubo mil electores que cometieron delito, la investigación fiscal
arrojó que era siete los presuntos casos; y ahora resulta que, por lo que pude
ver en la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía, de siete bajaron a
tres los posibles casos”, explicó Robles.
Para el abogado, este nuevo
escenario “es incluso más débil que el que presentó el Ministerio Público en la
primera formalización, entonces, para mí resulta muy extraño el que se haya
solicitado una hora para reformalizarla”.
De los tres sufragantes que
declaran haber sido inducidos por la alcaldesa y por el concejal, “ninguno
siquiera votó. Yo pedí expresamente que se les consultara el lugar en que
finalmente votaron y ellos dijeron que si bien habían ido a San Fabián, se
devolvieron posteriormente a San Carlos y no votaron por nadie”, detalló el
abogado penalista.
Respecto a los tres testigos, la
fiscal Suazo acotó que “ellos declararon en calidad de imputados”, toda vez que
por haber aceptado falsear sus domicilios para votar por los presuntos
beneficiados con el acarreo electoral, también están cometiendo delito.
Se devuelven las sospechas
La postura original de la
alcaldesa es la misma que presenta hoy, esto es, postular que la denuncia hecha
por Navarro y Fernández obedece a “un montaje político”, dijo en su
oportunidad.
Es más, la titular del municipio
precordillerano aseguró no conocer a los supuestos votantes acarreados, ni
conocer el porqué del cambio de domicilio. Sus principales argumentos apuntan a
que con una ventaja amplia sobre el
derrotado Fernández, no era necesario acudir a malas prácticas electorales; y
en segundo término, que “la mayoría de las personas que hicieron esta acusación
son familiares directos de una dirigente vecinal que trabajó para la campaña de
Fernández”.
Finalmente Robles confía en que
esta instancia “no empañará su buena imagen política en absoluto, porque es
totalmente inocente”.
Fuente:ladiscusion.cl