Señor Director:
La reciente denuncia de la
Contralora, que reveló que 6.311 funcionarios públicos percibieron
simultáneamente rentas privadas durante licencias médicas, no solo evidencia
una grave falta a la probidad, sino que abre una pregunta inquietante: ¿cuán
extendida es esta práctica en el sector privado?
A diferencia del ámbito
público, donde existen mayores herramientas de fiscalización, en el sector
privado el cruce sistemático de información es limitado. En la práctica, muchas
de estas conductas permanecen invisibles, amparadas en la fragmentación de
datos y la falta de controles integrados.
En este contexto, es
positivo que la judicatura laboral avance en reconocer el uso indebido de
licencias como una infracción grave, validando sanciones. Sin embargo, el
desafío es mayor. La labor de la Contraloría debe profundizarse y, sobre todo,
replicarse en el mundo privado, donde las instituciones responsables del
control aún muestran debilidades.
Estamos frente a un
problema ético y económico. Cada licencia mal utilizada desvía recursos
destinados a quienes realmente lo necesitan. Fortalecer la fiscalización y
promover una cultura de responsabilidad resulta clave para resguardar la
legitimidad de este derecho.
Pedro Matamala
Socio en
Provoste Matamala Abogados