Las presentaciones, que incluyen un recurso de protección y demandas de tutela laboral, coinciden en denunciar un presunto patrón de hostigamiento, desvinculaciones irregulares y represalias. En algunos casos, estas situaciones estarían directamente vinculadas a diferencias políticas con la actual gestión, tras el cambio de mando comunal.
Uno de los casos es el de Carlos Navarrete, exdirector de la SECPLAN, quien presentó una tutela laboral exigiendo indemnizaciones por daño moral y vulneración de derechos. Navarrete ya había ganado un recurso de protección que obligó al municipio a reincorporarlo tras un primer despido.
El extrabajador acusa que, tras su regreso forzado en abril de 2025, fue aislado, se le asignó un escritorio improvisado sin condiciones dignas y no se le entregaron las herramientas básicas para sus funciones. El maltrato derivó en extensas licencias psiquiátricas.
Estando con reposo médico y tras haber denunciado estos hechos, el alcalde decretó la no renovación de su contrata en noviembre de 2025, lo que el extrabajador califica como un castigo encubierto.
El funcionario del Departamento de Salud, Mario Reyes, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Chillán, acusando una destitución ilegal y arbitraria notificada en febrero de 2026.
Reyes relata haber sufrido constante acoso laboral desde la llegada del nuevo alcalde, debido a su cercanía con la administración anterior. Fue degradado en sus funciones y relegado a trabajar en un contenedor. El argumento utilizado por el municipio para su expulsión fue un sumario iniciado luego de que el funcionario olvidara pagar un desodorante en una farmacia.
A estas acciones se suma la demanda de David Ríos, quien prestó servicios ininterrumpidamente desde 2020 en la Dirección de Seguridad Pública mediante sucesivos contratos a honorarios.
Ríos busca que la justicia declare la existencia de una relación laboral formal bajo subordinación y dependencia, argumentando que cumplía jornadas de 44 horas, registraba asistencia, recibía órdenes directas y utilizaba credencial e indumentaria institucional.
Su vínculo fue terminado sin mayor justificación a través de una carta certificada recibida la víspera de Navidad de 2025. Por ello, hoy exige el pago de sus años de servicio, cotizaciones y demás prestaciones adeudadas.
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👤 Los tres casos en detalle
- 📁 Carlos Navarrete — Exdirector de SECPLAN. Acusa aislamiento, condiciones indignas y no renovación de contrata en noviembre de 2025, estando con licencia psiquiátrica
- 🏥 Mario Reyes — Funcionario de Salud. Recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Chillán por destitución ilegal notificada en febrero de 2026; fue sumariado tras olvidar pagar un desodorante
- 🔒 David Ríos — Trabajador a honorarios de Seguridad Pública desde 2020. Exige reconocimiento de vínculo laboral formal; fue desvinculado por carta certificada recibida el 24 de diciembre de 2025
⚖️ Lo que acusan en común
- 🎯 Presunto patrón de hostigamiento y represalias tras el cambio de administración
- 🚫 Desvinculaciones irregulares o sin justificación legal suficiente
- 😔 Degradación de funciones y condiciones laborales indignas
- 📋 Vulneración de derechos fundamentales y laborales
- 💰 Exigen indemnizaciones, cotizaciones y prestaciones adeudadas
Fuente: Acciones judiciales presentadas durante marzo de 2026 ante tribunales de San Carlos y la Corte de Apelaciones de Chillán.
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