Una reciente convocatoria para el cargo de Coordinadora del Centro de la Mujer ha generado cuestionamientos sobre los estándares de transparencia en los procesos de selección de la Municipalidad de San Carlos.
La vacante fue difundida de manera exclusiva a través de las redes sociales de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), omitiendo su publicación en las plataformas oficiales del municipio.
A la limitada difusión se sumó información imprecisa: la gráfica y el texto originales no especificaban que se trataba de un cargo de reemplazo. Si bien la publicación fue editada posteriormente en Facebook para aclarar este punto, en Instagram la oferta se mantiene inalterada hasta hoy, lo que ha generado confusión entre los postulantes.
Más allá de las desprolijidades comunicacionales, el proceso presenta omisiones administrativas de mayor gravedad. Al tratarse de un programa ejecutado bajo convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), la normativa exige la redacción de bases formales y su publicación obligatoria en la sección de "Ofertas Laborales" del sitio web municipal. Sin embargo, el municipio operó únicamente con un afiche digital, sin bases de respaldo y sin subir los antecedentes al portal institucional, contraviniendo directamente los lineamientos del convenio estatal.
Al revisar el registro de la página web del municipio durante la actual administración del alcalde Rubén Méndez —excluyendo el concurso de planta municipal—, se constata que se han publicado 28 ofertas laborales en total. De esa cifra, 27 corresponden a programas financiados mediante convenios ministeriales, donde el Estado obliga a concursar, frente a una sola oferta originada desde el presupuesto municipal propio.
Esta disparidad tiene una explicación legal: los cargos a honorarios financiados con recursos propios del municipio no exigen concurso público. La ley faculta al alcalde para efectuar estas contrataciones de manera directa, designando al personal según su criterio.
Si bien la práctica se ajusta a la normativa vigente, en la práctica genera un escenario restrictivo que limita las posibilidades reales de los profesionales sancarlinos de postular y competir por un puesto en su municipio en función de sus méritos.
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