Indemnizaciones ya superan los $400 millones y tribunales elevan responsabilidad de los municipios
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Un análisis de fallos
judiciales realizado por Trifolia revela que las condenas contra
municipalidades por accidentes en espacios públicos han aumentado entre 2023 y
2026.
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La jurisprudencia está
consolidando un estándar más exigente de “falta de servicio”, obligando a los
municipios a reforzar la mantención y supervisión de veredas, plazas e
infraestructura urbana.
Un análisis de
jurisprudencia elaborado por Trifolia, buscador especializado en
investigación jurídica y análisis de datos legales, revela una tendencia
creciente en los tribunales chilenos: las municipalidades están enfrentando una
mayor responsabilidad por accidentes ocurridos en veredas, plazas, parques y
otros espacios públicos. El estudio revisó fallos dictados entre 2023 y 2026,
identificando condenas que en algunos casos superan los $400 millones,
especialmente cuando existen lesiones graves o fallecimientos.
Trifolia es un
emprendimiento tecnológico dedicado al análisis estructurado de
jurisprudencia, legislación y normativa chilena, utilizando herramientas de
procesamiento de información legal para detectar tendencias en decisiones
judiciales y su impacto en políticas públicas, empresas e instituciones del
Estado.
El criterio que se
ha ido consolidando en la Corte Suprema de Chile establece que los
municipios tienen un deber activo de resguardar la seguridad en los bienes
nacionales de uso público dentro de sus comunas. Esto implica que incluso
cuando existen contratistas, concesiones o intervenciones de otros organismos
del Estado, las municipalidades siguen siendo responsables de supervisar,
mantener o advertir riesgos para las personas que utilizan esos espacios.
Un caso reciente
obtenido de Trifolia refleja esta tendencia ocurrió el 30 de enero de 2026,
cuando la Corte de Apelaciones de Talca revocó una sentencia previa y
condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar $25.921.347 tras
el accidente sufrido por una mujer en una vereda de la calle Sargento Aldea. La
víctima cayó luego de que su pie quedara atrapado en un hoyo provocado por la
falta de una palmeta en la acera, situación originada tras trabajos autorizados
por el propio municipio y que no contaban con señalización.
El accidente
provocó una fractura de húmero, además de lesiones faciales y un cuadro
de depresión leve, lo que obligó a la afectada a someterse a cirugía,
hospitalización y un proceso prolongado de rehabilitación. Durante el juicio se
presentaron fotografías certificadas notarialmente que mostraban el mal estado
de la vereda pocos días después del accidente, además de informes municipales
que confirmaban que el lugar fue reparado posteriormente por el departamento de
obras.
La corte concluyó
que existió falta de servicio, al no garantizar condiciones seguras en
un bien nacional de uso público bajo administración municipal. Para sustentar
su decisión aplicó normas como la Ley N°18.575, que regula la
responsabilidad del Estado por falta de servicio; la Ley N°18.695, que
establece las funciones de las municipalidades; y la Ley N°18.290, que
señala que los municipios responden por daños derivados del mal estado o la
falta de señalización en las vías públicas.
Según explica Javier
Ramírez Vodnizza, abogado consultor en análisis de jurisprudencia y
legislación chilena en Trifolia, estas sentencias reflejan un cambio importante
en el estándar judicial aplicado a los gobiernos locales.
“Lo que muestran
estos fallos es que los tribunales están ampliando el concepto de falta de
servicio en el ámbito municipal. Hoy no basta con que exista un contratista o
que la infraestructura haya sido instalada por otro organismo; si el espacio es
utilizado por la comunidad dentro de la comuna, el municipio tiene un deber
activo de supervisión, mantención o advertencia de riesgos”, explica.
Especialistas
advierten que esta evolución jurisprudencial podría traducirse en estándares
cada vez más exigentes para la gestión municipal. En la práctica, varias
comunas ya han comenzado a reforzar sus sistemas de inspección de
infraestructura urbana, mejorar los protocolos de señalización en obras
públicas y acelerar los mecanismos de respuesta ante denuncias ciudadanas por
veredas en mal estado, luminarias defectuosas o instalaciones deportivas
deterioradas.
El fenómeno
refleja que la seguridad en los espacios públicos está siendo observada con
mayor atención por parte de los tribunales, lo que podría impulsar cambios en
la forma en que las municipalidades gestionan y mantienen la infraestructura
urbana en Chile durante los próximos años.