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| Acta que confirma el reintegro forzado por la inspección del Trabajo |
Municipio local fue demandado por practicas antisindicales
En medio de un complejo escenario judicial marcado por dos demandas de tutela laboral, este jueves 12 de febrero se concretó un revés para la gestión edilicia: la reincorporación forzosa de María José Rubilar a la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato (DIMAO).
Esto, tras la denuncia de una práctica antisindical al haber sido despedida un día después de asumir como tesorera de la asociación de funcionarios ASEMPAC. A pesar de que la Inspección del Trabajo certificó su fuero gremial, el alcalde Méndez se negó a reconocerlo, enviando un correo electrónico en el que cuestionaba la validez de la elección sindical y le exigía hacer abandono de su puesto de trabajo, llegando incluso a eliminar su registro biométrico de asistencia.
Ante los hechos denunciados por la dirigente
gremial, el 1er Juzgado de Letras de San Carlos falló a su favor el
9 de febrero de 2026, ordenando su reincorporación inmediata a sus funciones
bajo apercibimiento de multa para el municipio. Así Rubilar hizo efectivo su
retorno este jueves 12 de febrero.
El otro caso corresponde a Luis Zúñiga Gajardo, encargado de Transparencia, quien tras nueve años de servicio continuo fue desvinculado bajo el argumento de ajustar el porcentaje de la contrata municipal. Zúñiga denuncia que su despido es un acto discriminatorio, ya que su puesto fue ocupado inmediatamente por una funcionaria de confianza del alcalde sin la experiencia técnica requerida, vulnerando así el principio de confianza legítima que lo amparaba.
En este sentido, las acciones legales acusan al edil de vulneración de derechos fundamentales, discriminación política y prácticas antisindicales, alegando que las desvinculaciones se realizaron bajo argumentos administrativos falsos para instalar a funcionarios afines a la actual gestión.
El impacto financiero de estas demandas para el municipio podría ser significativo, ya que ambos exfuncionarios exigen indemnizaciones por daño moral de $20.000.000 cada uno, además del pago de todas las remuneraciones pendientes. En el caso de Zúñiga, se suma una demanda por lucro cesante que supera los $26 millones, correspondientes a los sueldos de todo el año 2025.
El municipio de San Carlos no ha entregado aún su version sobre estos hechos.
Fuente: Presentaciones judiciales y antecedentes laborales del municipio de San Carlos.
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