21 de febrero, 2026.- La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el tercer rechazo del proyecto minero portuario Dominga, establecido en enero de 2025 por parte del Comité de Ministros, al decidir anular de oficio lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en un procedimiento de cumplimiento incidental, considerando que su aplicación resultaba improcedente.
Para Roxana Núñez, abogada y encargada de Incidencia en Greenpeace, se trata de un contundente fallo de la Corte de Apelaciones: “El fallo de la Corte es claro y lapidario para Dominga, un proyecto nefasto, obsoleto, ilegal y corrupto, que no puede seguir avanzando por medio de presiones judiciales ni saltarse la ley. Valoramos que en esta oportunidad la justicia haya prevalecido y reconociera que sigue vigente su rechazo”, aseguró la abogada. Aún así, Núñez advirtió que “no nos extrañaría que Andes Iron, la compañía tras Dominga, no cese en sus intentos por torcer la justicia y seguir apelando judicialmente como ha hecho durante la última década”.
La abogada además se refirió al escenario político y judicial del país, y lo importante que es respetar la normativa y las resoluciones de la justicia en este preciso momento: “En el último año hemos sido testigos de la enorme corrupción desplegada sobre nuestro país, que ha manchado la reputación de empresas, la justicia y la política nacional; por eso, es de esperar que las autoridades -tanto salientes como entrantes- reconozcan este fallo, acaten lo señalado por la justicia y no diseñen soluciones a medida para mantener la corrupción, ilegalidad y daño ambiental irreparable que este proyecto conlleva”, puntualizó la abogada, quien complementó que también es necesario que sigan avanzando las investigaciones penales en materia de corrupción y tráfico de influencias en la materia.
“Desde Greenpeace, como parte de la
Alianza de Humboldt, vamos a continuar trabajando inclaudicablemente para
mantener protegido este lugar de biodiversidad única, junto a las miles de
personas que se han opuesto al desarrollo de este proyecto industrial en la
zona. Hoy, una vez más, queda demostrado que el trabajo de las comunidades pesa
más que los cientos de millones gastados por una empresa en esta fallida
estrategia legal”, finalizó.