Desvinculaciones, denuncias por Ley Karin y desalojo con Seguridad Pública
El alcalde Rubén Méndez solicitó la renuncia de la coordinadora del programa y desvinculó a dos profesionales en medio de graves acusaciones de acoso laboral. El tenso ambiente culminó con cortes de cables y la intervención de personal de seguridad.
En una drástica medida que afecta a la red de protección infantil de San Carlos, la Administración Municipal pidió la renuncia de la coordinadora de la Oficina Local de la Niñez (OLN) y concretó la desvinculación de dos funcionarias: una psicóloga y una trabajadora social.
Esta decisión se produce como resultado de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y diversas denuncias amparadas bajo la Ley Karin, normativa que previene y sanciona el acoso y la violencia en el espacio de trabajo. Cabe destacar que la OLN es un programa fundamental en la comuna, cuyo financiamiento proviene del Ministerio de Desarrollo Social y su ejecución está a cargo de la Municipalidad de San Carlos.
Un ambiente "insostenible"
Las alarmas sobre el clima interno de la institución ya habían sonado con anterioridad. Según el testimonio de una exfuncionaria del programa, el ambiente laboral al interior de la oficina se había vuelto "insostenible". Las acusaciones apuntan a episodios de intensa presión, situaciones reiteradas de acoso e, incluso, agresiones que habrían llegado a los empujones en los pasillos del recinto.
El tenso desenlace del viernes 20
La situación escaló hasta alcanzar su punto más álgido este viernes 20 de febrero. Horas antes de ser notificadas formalmente de su despido, las dos funcionarias involucradas se encontraron con un escenario hostil: los cables de sus ventiladores habían sido cortados intencionalmente con tijeras.
Una vez informadas de su cese de funciones, la administración exigió que hicieran abandono inmediato de las instalaciones. Ante el complejo escenario, desde el municipio se solicitó la presencia de funcionarios de Seguridad Pública, quienes llegaron al lugar para hacer efectiva la salida de las extrabajadoras. La radicalidad del procedimiento incluyó, además, la orden de cambiar de inmediato la chapa de la puerta de entrada.
El proceso de reemplazo y la decisión del alcalde
Tras estas abruptas salidas, el desafío será recomponer el equipo de un programa que tiene la delicada y crucial misión de velar por la seguridad, los derechos y la integridad de los niños, niñas y adolescentes de la comuna.
Para cubrir los tres puestos vacantes (coordinadora, psicóloga y trabajadora social), la normativa exige la realización de un concurso público. Sin embargo, la decisión final recaerá directamente en el alcalde de San Carlos, quien tiene la facultad legal de elegir a las nuevas profesionales seleccionando de entre los tres mejores puntajes resultantes de las postulaciones para cada cargo.
La atención se centra ahora en el próximo Concejo Municipal, instancia en la que se espera que la primera autoridad comunal rinda cuentas y explique los pormenores de estas desvinculaciones.