Millonarias sentencias judiciales afectan recursos del municipio
La Municipalidad de San Carlos se encuentra enfrentando una serie de pagos judiciales que están afectando directamente sus recursos.
En los últimos 30 días, el municipio ha debido desembolsar $56.460.031 para saldar diversas sentencias.
Estos pagos se suman a otros montos que la administración actual, liderada por el alcalde Rubén Méndez, debe asumir por causas judiciales del pasado.
La situación obliga a la Municipalidad a mantener una política de austeridad, ya que los fondos destinados a veredas, obras y ayudas sociales se ven reducidos.
En los próximos días, el panorama financiero podría complicarse aún más.
La Municipalidad deberá pagar un monto estimado de $150 millones por otras tres causas laborales y dos civiles.
Estas sentencias ya se encuentran ejecutoriadas y requieren de un decreto para su pago. La suma total de los pagos por estas causas se elevará considerablemente. A esto se le suma una deuda histórica.
El Tribunal de Cobranzas aún no ha dictado sentencia definitiva sobre los montos adeudados por cotizaciones de AFP, AFC y Fonasa. Estas deudas se arrastran desde el año 2007 hasta el 2022. Aún no se ha determinado el monto total que el municipio deberá pagar.
A continuación, se detalla el estado actualizado de las causas con decreto de pago:
- Mena/Sociedad Inmobiliaria San Gabriel: $12.955.000.
- Albornoz/Sociedad Inmobiliaria San Gabriel: $15.131.357.
- Méndez/Municipalidad de San Carlos: $23.476.629.
- Brandt/Municipalidad de San Carlos: $4.897.000.
❓ Preguntas frecuentes
¿Qué es una sentencia ejecutoriada? Es una resolución judicial firme, contra la que no se puede interponer ningún recurso. Por lo tanto, debe cumplirse obligatoriamente.
¿Cuánto ha pagado el municipio en los últimos 30 días? Se han pagado $56.460.031 por diversas causas judiciales.
¿Qué deudas históricas se deben pagar? Aún se debe determinar el monto a pagar por cotizaciones impagas de AFP, AFC y Fonasa entre 2007 y 2022.
¿Cómo afecta esto a los ciudadanos? Los pagos judiciales reducen los fondos municipales disponibles para proyectos de obras, veredas y programas de ayuda social.:
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