Héctor Mella, director de Lex Abogados, asegura que el municipio actuó contra la ley al negar patentes y exigir un informe que, según la Superintendencia de Casinos, no puede emitir.
El reciente decomiso de máquinas de juego electrónico en San Carlos, ordenado por el juez de policía local, enfrenta serias objeciones legales. El abogado especialista Héctor Mella, director de Lex Abogados de Santiago, analizó el caso y afirmó que la Municipalidad habría cometido una infracción a la ley e incluso delitos al negar el otorgamiento de patentes comerciales a estos locales. La razón del conflicto: la exigencia de un informe de la Superintendencia de Casinos que, según Mella y la propia entidad, no está facultada por ley para proporcionar.
⚖️ La Raíz Del Conflicto: Un Informe Que No Existe
Mella explica que el Decreto Ley 3063, que regula el otorgamiento de patentes municipales, exige ciertos requisitos de zonificación, pero en ningún caso solicita un informe de la Superintendencia de Casinos. Esta exigencia, según el abogado, nació de dictámenes de la Contraloría General de la República elaborados durante la gestión de Jorge Bermúdez, los cuales carecerían de validez legal. “La Contraloría no tiene facultades legales para extender los brazos de la ley o modificar normas de rango legal”, sostuvo Mella.
- 📑 Falta de competencia: El argumento central es que la Superintendencia de Casinos misma, ante una consulta de la Fiscalía Nacional en 2022, declaró que no puede pronunciarse sobre locales que no sean casinos legales, ya que escapa a sus competencias.
- 🔍 Sin peritajes: La entidad carece de laboratorios y peritos para analizar el código fuente de las máquinas y determinar si son de azar o destreza, un punto que también fue confirmado por la Policía de Investigaciones (PDI).
👨⚖️ Acusaciones De Prevaricación Y Una Salida Judicial
El abogado fue contundente al señalar que las autoridades municipales y el juez de Policía Local, al insistir en requerir un documento inexistente, podrían estar incurriendo en el delito de prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas). “El abogado [juez] tiene que saber que este famoso informe no existe y nunca va a existir”, afirmó. Mella recomienda a los comerciantes afectados imponer acciones judiciales contra el municipio para demandar la restitución de las máquinas y reparación por los daños, basándose en jurisprudencia favorable que data de 2014.