En los últimos días, la discusión en torno a la eliminación de la UF ha ganado tracción. Pero, como suele ocurrir en temas complejos, las soluciones simples pueden generar consecuencias no deseadas, especialmente para quienes más necesitan estabilidad económica.
Desde
1967, su principal función es precisamente ofrecer un mecanismo de ajuste
frente a la inflación, usando como referencia su variación pasada. Este sistema
ha facilitado el desarrollo de un mercado de crédito a largo plazo, permitiendo
a los inversionistas proteger el valor de sus fondos y a los consumidores
acceder a condiciones más accesibles.
Eliminar
este mecanismo no eliminaría la inflación. Lo que sí haría es trasladar esa
inestabilidad directamente al consumidor, obligando a proveedores financieros,
inmobiliarios o de servicios a incorporar mayores márgenes de riesgo en sus
precios. Sin un sistema automático de ajuste, los prestamistas e inversionistas
tendrían que anticipar la inflación futura, lo que probablemente derivaría en
tasas nominales más altas para cubrir la incertidumbre.
Uno
de los factores que ha alimentado este debate es el uso extendido de la UF en
cobros de corto plazo, como mensualidades escolares o planes de salud. En este
sentido, más que eliminarla, lo primero debería ser regular y acortar
adecuadamente su uso, para que recupere su propósito original.
En
lugar de eliminar la UF, el verdadero desafío está en mejorar la educación
financiera, aumentar la transparencia en su uso y facilitar herramientas que
permitan a las personas visualizar de forma clara cómo evoluciona su dinero en
el tiempo. La tecnología puede jugar un rol clave en eso.
Eliminar la UF sería como sacar los
cinturones de seguridad porque incomodan: puede parecer liberador al principio,
pero deja a todos más expuestos. Si realmente queremos proteger a los
consumidores, el camino es fortalecer los instrumentos que brindan estabilidad,
no desmantelarlos.
Nicole Revillot, Country Manager de TUU by Haulmer.