Como se recordará Ricardo Parra, al igual
que otros directores, fue suspendido por el alcalde Suazo por un largo período.
Posteriormente este habría sido
repuesto en el cargo por la Contraloría Regional, al igual como ocurrió en otros casos.
En la causa laboral RIT T-22-2022
Ricardo Parra pretendía un pago de $50 millones por los daños causados.
En la etapa de conciliación las
partes habrían acordado un pago de 10 millones de pesos, el que habría sido
aceptado por Parra.
Será el Concejo Municipal el que deberá
ratificar dicho pago para que este se haga efectivo.
Resulta llamativo, por decir lo menos,
que el alcalde Suazo suspenda a directores, como hoy ocurre con la directora de
Obras, arquitecto, Edith Contreras y posteriormente sea obligado por la Contraloría a reintegrar a los directivos,
con un claro detrimento o perjuicio económico a las arcas municipales, ya que además de pagar los sueldos
durante estas suspensiones, debe cancelar indemnizaciones.