REGIONES.- El destino del gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, pende de un hilo tras la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en un caso de cohecho que ha sacudido a la región. Esta medida podría redefinir el panorama político y administrativo de Ñuble en las próximas semanas.
El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, ha solicitado el desafuero del gobernador para formalizarlo en una investigación por cohecho, argumentando que Crisóstomo otorgó subsidios de manera irregular a tres de sus familiares directos cuando ocupaba el cargo de delegado provincial del Serviu en Ñuble. Los beneficiarios —su padre, hermano y tía— habrían recibido estos subsidios pese a no cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Además, la Fiscalía ha identificado un posible conflicto de interés: mientras Crisóstomo desempeñaba su rol en el Serviu, también dirigía la Inmobiliaria Pullay, una empresa actualmente bajo investigación por irregularidades en la construcción de viviendas sociales en comunas de la región como San Nicolás, San Fabián, Quirihue y Quillón. La pesquisa sugiere la existencia de cobros indebidos por parte de esta inmobiliaria, en conjunto con Constructora Firenze y Asesorías Acoge, todas beneficiadas por contratos financiados con fondos públicos.
Desafuero: Una decisión crucial para Ñuble
La solicitud de desafuero ya fue acogida a tramitación por la Corte de Apelaciones de Ñuble, que ha exigido al gobernador que presente sus descargos. Esta decisión inicial abre la puerta a un proceso judicial que podría culminar en una audiencia pública a mediados de septiembre. La resolución del tribunal de alzada será determinante para conocer el futuro de Crisóstomo, quien se enfrenta a la posibilidad de ser formalizado por cohecho.
Nuevas investigaciones complican el panorama de Crisóstomo
Este caso de subsidios no es el único desafío legal para Crisóstomo. El Ministerio Público también indaga una nueva arista en su contra: en abril, el gobernador vio su teléfono incautado en el marco de la investigación "ProCultura". Esta pesquisa gira en torno a la asignación directa de más de $260 millones a la fundación del psiquiatra Alberto Larraín, mediante un convenio con el Gobierno Regional de Ñuble, en circunstancias que aún no han sido aclaradas del todo.
El allanamiento del organismo regional permitió la incautación de documentos y pruebas adicionales, lo que ha intensificado la presión sobre el gobernador y su equipo. Ante esta situación, se espera una pronta declaración pública del Gobierno Regional, que podría aclarar o complicar aún más el panorama judicial para Crisóstomo.
Impacto en la gobernanza regional
La situación ha generado gran expectativa en Ñuble, pues el desenlace del caso podría tener repercusiones significativas en la administración regional y en la percepción pública de la gestión de recursos. La comunidad y los actores políticos locales se mantienen atentos al desarrollo del proceso, que podría reconfigurar la confianza en las autoridades.
En resumen, la solicitud de desafuero contra Óscar Crisóstomo no solo tiene implicancias personales y judiciales para el gobernador, sino que también podría marcar un antes y un después en la administración pública de Ñuble. ¿Qué impacto tendrá en la región? La opinión pública y la justicia definirán el futuro de este controvertido caso.
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