REGIONES.- Los padres y apoderados del Colegio Providencia de Parral se han movilizado tras enterarse de presuntos abusos sexuales cometidos por un profesor contra menores parvularios. El caso salió a la luz cuando una de las afectadas reveló la agresión durante una sesión con su psicóloga, lo que llevó a la confirmación de dos casos adicionales por parte de otras menores.
Detalles del caso y primeras acciones
El departamento de salud de forma autónoma informó al Tribunal de Familia de Parral, que rápidamente impuso una orden cautelar de prohibición de acercamiento del docente a los alumnos. El jueves pasado, el colegio envió un correo electrónico a los padres y apoderados informándoles sobre las medidas tomadas.
"Como ya es de su conocimiento, en el establecimiento existen tres denuncias por hechos de connotación sexual a lo que se han visto enfrentado tres de nuestros estudiantes y cuyo presunto ofensor sería un docente de nuestro establecimiento. Dado lo anterior, nuestro colegio ya activó protocolos y aplicó íntegramente lo dispuesto en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar", decía el correo.
Protesta en el colegio y demanda de justicia
El lunes 17 de junio, el frontis del colegio amaneció con pancartas y globos verdes en repudio a los hechos. Los padres y apoderados se manifestaron exigiendo justicia y acciones más rápidas tanto por parte del colegio como del Ministerio Público.
Roberto Carlos Salazar, vocero y padre de una de las afectadas, declaró a la radio: "La pronunciación del colegio hasta el momento ha sido que ellos están siguiendo sus propios protocolos, pero son protocolos demasiado lentos para lo que nosotros necesitamos hoy día. Nosotros estamos haciendo todo fuera del protocolo del colegio".
Continuación de las protestas y situación actual
Los manifestantes se trasladaron luego hasta la Fiscalía, donde continuaron exigiendo celeridad en las investigaciones. Desde el ente persecutor, se ha informado que ya existe una investigación en curso respecto al caso.
Este caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad, que espera que se haga justicia y se garantice la seguridad de los menores en el establecimiento. La presión de los padres y apoderados apunta a lograr una respuesta más rápida y efectiva, tanto del colegio como de las autoridades judiciales.