Una reciente sentencia del 26° Juzgado Civil de Santiago ha ordenado al Servicio de Salud Metropolitano Central, al Hospital San Borja y a dos de sus funcionarios a pagar una indemnización de más de mil millones de pesos. Esta decisión surge a raíz de un caso de violencia obstétrica que dejó a una recién nacida con graves daños neurológicos y psicomotores.
Detalles del caso
El 16 de abril de 2017, Josephine R. ingresó al Hospital San Borja en trabajo de parto tras 41 semanas de embarazo. A pesar de las advertencias sobre su historial médico, el médico Matías Ignacio Solari Díaz optó por inducir el parto de forma natural. El proceso se extendió por más de 12 horas, durante las cuales la madre experimentó fuertes dolores y se registraron disminuciones en los latidos cardiacos del feto.
Actuación médica cuestionada
A pesar de las solicitudes de ayuda de Josephine, el personal médico no respondió adecuadamente. Finalmente, a las 2 de la madrugada, la mujer fue sometida a un proceso que describió como "tortura". La niña nació a las 2:28 de la madrugada, tras más de 12 horas en trabajo de parto, pero sufrió asfixia severa que resultó en daños neurológicos irreparables.
Daños a la recién nacida
La niña, ahora de siete años, fue diagnosticada con 13 patologías, incluyendo ceguera, sordera, incapacidad cognitiva y motora, y daño pulmonar severo. Como consecuencia, deberá depender de oxígeno y asistencia médica de por vida.
Proceso judicial y sentencia
La madre, representada por el abogado Héctor Musso, presentó una demanda contra el Servicio de Salud Metropolitano Central, el Hospital San Borja, el médico Solari y la matrona Elizabeth Salazar. El tribunal determinó que hubo negligencia y violencia obstétrica, señalando numerosas fallas y omisiones en el tratamiento de Josephine.
Indemnización millonaria
La sentencia establece una indemnización total de $1.042.691.340, distribuidos en $500 millones por daño moral a la menor, $250 millones a la madre, $250 millones al padre, y $42.691.340 por gastos futuros. Este fallo representa la segunda mayor indemnización por violencia obstétrica decretada en Chile.
Conclusión
El abogado Héctor Musso expresó su satisfacción por el fallo, destacando la importancia de reconocer y erradicar la violencia obstétrica en el país. La indemnización ayudará a cubrir los costos de los tratamientos que la niña necesitará de por vida, marcando un precedente significativo en la protección de los derechos de las mujeres y sus hijos durante el parto.