La reciente visita de representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al Concejo Municipal de San Carlos trajo a la luz importantes conclusiones sobre la vulneración de derechos humanos en contextos de emergencia.
Situaciones de catástrofe en Ñuble
El análisis del INDH se centró en los graves efectos de las catástrofes sobre los derechos ambientales. Según Juan Toreres, analista del INDH, estas situaciones ponen en riesgo cuatro derechos ambientales fundamentales: la obligación de prevención, el principio de precaución, las obligaciones procedimentales y las obligaciones de cooperación entre estamentos. Toreres también enfatizó las distintas fases de gestión de emergencias: prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación.
Deficiencias en la respuesta a emergencias
Una de las principales críticas del informe del INDH es la falta de formación en los programas de apoyo a las familias afectadas. Las viviendas de emergencia, por ejemplo, no son adecuadas para las necesidades rurales, ya que están diseñadas para alcantarillado urbano y no para fosas sépticas, predominantes en áreas rurales. Además, se identificaron problemas de accesibilidad para personas con discapacidad debido al diseño de puertas y rampas.
Impacto socioeconómico y derechos vulnerados
El informe también destacó la falta de títulos de dominio en terrenos afectados, la destrucción de infraestructura productiva como aserraderos y microempresas familiares, y la insuficiencia de medidas para proteger trabajos informales, como vendedores ambulantes. El acceso a la información es otro punto crítico, ya que la alerta SAE no llega a toda la población, y la comunicación sobre procesos de rehabilitación y reconstrucción se diluye con el tiempo.
Problemas persistentes y recomendaciones
Otros problemas señalados incluyen la falta de acceso al agua, exacerbada en situaciones de emergencia, y caminos intransitables que dificultan la llegada de ayudas y servicios básicos. La salud mental de los afectados también se ve gravemente impactada. El INDH señala que al menos nueve derechos se ven altamente vulnerados en estas situaciones, entre ellos el derecho a la vida, igualdad y no discriminación, acceso a la información, salud, trabajo, agua y saneamiento, vivienda adecuada, educación y un medio ambiente limpio, sano y sostenible.
Conclusión
En definitiva, el informe del INDH insta a elevar los estándares de protección de derechos humanos en contextos de emergencia, destacando la necesidad de una mayor inversión en zonas rurales y de actualizar normativas obsoletas, como el Decreto 701 del año 1974. La situación en Ñuble es un llamado urgente a la acción para garantizar que los derechos humanos no se vean comprometidos en futuras emergencias.