LOCAL. - Después de dos años termina uno de los episodios judiciales donde se han visto involucrados funcionarios municipales.
En este caso y tras dos años dos meses, se ha hecho efectiva la indemnización a favor del director de Control, Ricardo Parra, que demandó al municipio por tutela laboral o vulneración de derechos.
Tras varias acciones dilatorias finalmente el pasado viernes el tribunal tuvo por cancelado el pago de la indemnización de $3 millones y dio por realzada la ejecución de la sentencia de la causa “Ricardo Parra Ortiz con Municipalidad de San Carlos.
Los hechos que originaron esta demanda se iniciaron en marzo del año 2022 y están centrados principalmente en grabaciones sacadas desde una oficina a la luz por un concejal y que, según el director Control, afectó sus derechos fundamentales, acoso laboral, integridad psíquica, derecho a la honra y libertad de trabajo, daño moral en contra de la Municipalidad de San Carlos. Fue precisamente el daño moral el que reguló el Tribunal.
El municipio de San Carlos debió entonces pagar la suma de $3.000.000 más intereses, reajustes y costas.
Llama la atención que en la sentencia se ordena a la Municipalidad elaborar un reglamento “sobre la utilización de mecanismo audiovisuales en el municipio, indicando precisamente la ubicación de cada cámara, los tiempos de almacenamiento y los mecanismos para requerir dichas grabaciones. Debiendo en particular abordar un capítulo sobre el derecho a la intimidad, vida privada y dignidad de los trabajadores”.
También la autoridad edilicia debe instruir un sumario administrativo de acuerdo a las normas Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, para efectos de determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que ordenaron la grabación y respaldo de audio a que se hace referencia en acta de sesión municipal de 24 de noviembre de 2022.