En el caso “Cuentas corrientes”
La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó hoy –lunes 8 de abril– la resolución que ordenó el arresto domiciliario parcial nocturno del exdirector del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, Rodrigo Enrique Sepúlveda Espinoza, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de soborno y cohecho. Ilícitos que habría perpetrado en el marco de procesos de licitación de cuentas bancarias realizados al interior del municipio de Hijuelas, en 2022.
En fallo dividido (causa rol 359-2024), la Primera Sala del Tribunal de Alzada –integrada por los ministros Claudio Arias, Guillermo Arcos y el abogado (i) Juan Pablo Ortega– ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, que sustituyó la medida cautelar de arresto domiciliario total, por la de arresto parcial nocturno.
“Que, primeramente, cabe anotar que no se ha alegado algún incumplimiento al régimen cautelar vigente, además, la defensa demostró la existencia de una oferta laboral seria, acreditada según los dichos del ente persecutor, a la que se une que además se le impuso la medida de arraigo y firma quincenal ante Carabineros, todo lo cual, permite concluir que las medidas dispuestas son suficientes para asegurar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad”, consigna el fallo.
Según el ente persecutor, Rodrigo Enrique Sepúlveda Espinoza entre junio y julio de 2022, mientras se desempeñaba como director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Hijuelas, se ofreció a actuar como operador en favor de la sociedad Global SpA, de propiedad de Rodrigo Carmona Olivares, a cambio de dinero, con el propósito de influir en proceso de licitación de viabilidad financiera y mantención de cuentas corrientes, en el cual finalmente se adjudicó a la empresa. A cambio, Sepúlveda Espinoza recibió a través de una transferencia bancaria, al menos, el pago de $2.000.000, lo que se concretó en marzo de 2023, fecha en la que ejercía el cargo del director del Serviu de Los Ríos.
Decisión acordada con el voto en contra del abogado Juan Pablo Ortega.