REGIONES. - El exalcalde quedó con arresto domiciliario, mientras que el exdirector técnico de Obras Municipales, la exinspectora técnica de Obras y el exdirector de Administración y Finanzas, quedaron con arresto domiciliario nocturno.
Durante la jornada de este lunes, fueron formalizados por el
delito de fraude al Fisco el exalcalde de Tucapel, José Antonio Fernández
Aliste; el exdirector técnico de Obras Municipales, Rodrigo Álvarez Aldea; la
exinspectora técnica de Obras, Yohana Burgos Burgos, y el exdirector de
Administración y Finanzas, Marco Wholk Caro.
Durante la formalización, se expuso que los imputados
incurrieron en omisiones dolosas al incumplir con obligaciones, en función de
sus cargos, que les imponía un contrato de recambio de luminarias por
tecnología LED para la comuna suscrito con Frontel el 28 de agosto de 2014, lo
que generó un perjuicio al municipio por poco más de $99 millones.
Al respecto, el fiscal Mario Lobos indicó que “tanto en las
bases administrativas especiales como en el respectivo contrato firmado se
estipuló que el costo para la Municipalidad se cubriría a través de un sistema
de autofinanciamiento generado del ahorro energético del parque lumínico de la
comuna por el uso de luminaria LED”.
Dicho ahorro “alcanzaría el 50% del gasto de consumo de las
antiguas luminarias, y en el caso que dicho ahorro no fuera suficiente para el
pago de la cuota respectiva, este sería asumido por el proveedor del servicio,
en razón que no se estaría dando cumplimiento a la exigencia de ahorro”.
Sin embargo, una vez terminadas las obras de instalación de
las luminarias, en febrero de 2015, el municipio pagó $850 millones a Frontel,
lo que correspondía a la estimación de pago del total del contrato. En otras
palabras, se pagó de forma íntegra y no con el ahorro energético que se tenía
contemplado y sin realizar mesas técnicas mensuales, a las que los obligaba el
contrato, para calcular este ahorro.
El Juzgado de Garantía dejó con las medidas cautelares de
arresto domiciliario total al exalcalde y con arresto domiciliario nocturno al
resto de los exfuncionarios municipales.
Se decretó un plazo de siete meses para la investigación.