 |
Se trata de unos 1.600 parceleros exCora
Todos los titulares de derechos de aunos 1.600 parceleros ex Coragua, cuentan con un plazo de 18 meses de publicada la ley, para incorporarlos al Catastro Público de Aguas de la DGA.
REGIONES.- Debido a nuevas condiciones que impone la reforma al Código de Aguas recientemente promulgada por el Presidente Boric y adelantándose a estos requerimientos, la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, resolvió apoyar a los parceleros ex-Cora con una solución a los 31 proyectos de parcelación que corresponden a la zona del río Diguillín y que agrupan a unos 1.600 parceleros de predios asignados por la Reforma Agraria, que conforman cerca de un 70% de los regantes pertenecientes a la Junta, que aproximadamente son 2.300.
Según la reforma, los titulares de derechos de agua en su totalidad, deben perfeccionar los mismos inscribiéndolos en el Catastro Público – con un plazo de 18 meses - y luego, una vez certificados por dicha entidad, agregar la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo en un plazo de cinco años de publicada la ley. Esto para evitar sanciones de multas en dinero y limitaciones en las transferencias de los derechos.
El art. 5º Transitorio del Código de Aguas establece que cada derecho de aprovechamiento de aguas debe estar inscrito en el Catastro Público de Aguas que lleva la Dirección General de Aguas. Además, el derecho adquirido debe indicar expresamente sus características esenciales, es decir, si son superficiales o subterráneas; consuntivos o no consuntivos, permanentes continuos o discontinuos; la equivalencia en unidad de volumen por unidad de tiempo; ubicación y modo de captación.
Si bien para cualquier usuario de agua se trata de un trámite algo complicado, la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, en el año 2019 visualizó que para los regantes del sector reformado (parceleros ex-Cora), la situación sería más engorrosa aún, ya que sus derechos fueron inscritos en regadores en los conservadores en base a las resoluciones de asignación que emitió el SAG en la década de 1980, pero que no especificaban las características esenciales del derecho de agua.
Raúl Martínez Figueroa, asesor de la Junta a cargo de este proceso señaló que: “Primero se necesitaba solicitar al SAG que dictara una nueva resolución que aclarara y complementara la resolución original, ratificando la distribución y asignación a cada parcela o sitio y estableciera las características esenciales del derecho. A la fecha se tiene gran parte de las nuevas resoluciones del SAG y ya publicadas en extracto en el Diario Oficial y el resto está en trámite”. Agrega que “el perfeccionamiento del título y su inscripción es un requerimiento para todo poseedor de un derecho de agua.”
Raúl Martínez, señaló que el trámite que la Junta de Vigilancia está realizando para los parceleros, al hacerlo en forma colectiva les resulta más económico en aspectos como los gastos en el Conservador y otros que implica el proceso, sin perjuicio de quien opte por hacerlo en forma individual a través de un asesor jurídico externo.