LOCAL.- Si bien en el último concejo municipal se trató de desvirtuar la controvertidas contrataciones de un jefe de control para el DAEM y la contratación de un asesor abogado para el mismo servicio, se pudo establecer que en el primer caso, la persona no solo estuvo trabajando, sino que además, registró su asistencia en reloj biométrico durante una semana y ante las advertencias de irregularidad suspendió su concurrencia. Por otro lado en el caso de contratación de un abogado para el DAEM, existiendo cuatro abogados en el municipio, tal gestión estaría “congelada”.
Al advertirle al alcalde Suazo que estaba
sobrepasado en las contrataciones, este
le respondió al edil Silva: “Está en conocimiento del contralor, concejal
Jorge Silva, para que esté tranquilo. Estamos conscientes y hay un criterio
distinto de la Contraloría General de la República en cuanto a que los municipios que ingresaron con un
presupuesto ya aprobado, lo más lógico es que se mantenga el porcentaje entre
ellos (sic)”.
Tras la aseveración del alcalde, el concejal
Silva pidió que se le hiciera llegar el documento donde el contralor regional de
Ñuble autorizaría tal superación de la normativa.
Mientras por un lado se define que no hay presupuesto para
contratar más personas, los documentos evidencian que se han iniciado
contrataciones, advirtió el concejal Daniel Pizarro.
Luego intervino el director de Control para
advertir que el concejo municipal debía ceñirse a las normas respecto de
contrataciones, ante lo cual el concejo pidió al alcalde efectuar una votación que
modificara un acuerdo anterior sobre el
presupuesto municipal 2022, en lo referido a
contrataciones.
El director de Control Ricardo Parra, le hizo
ver a los ediles que la administración Suazo había decidió no renovar contratos del tipo “a contrata”,
justificando la medida en el porcentaje
excedido del 40%, lo que no se supera el presupuesto del año 2022 por lo
que cualquier contratación nueva estaría fuera de la normativa y la
responsabilidad cae también en los ediles.
Todos los ediles votaron por anular parte del acuerdo del presupuesto que antes habían
aprobado, en lo referido a ítem gastos en personal, con la finalidad de salvar
la responsabilidad sobre las contrataciones y su incidencia en los gastos de
ese ítem, lo anterior debido a que los límites legales de contrataciones están
excedidos” según lo aclaró el director de Control. Además el concejo pidió elevar los
antecedentes del presupuesto presentado por el alcalde Suazo, a la Contraloría.
Posterior a la sesión el concejo municipal del
pasado viernes, en comisión de Educación, las declaraciones de los funcionarios
corroboraron los hechos denunciados respecto
de contrataciones e intentos de contratos, y un completo informe del director de control dejó
en evidencia varios a aspectos que cerraron el año con mayor preocupación de parte de los ediles que han profundizado
en estas materias.