REGIONAL.- (La Discusión).- El próximo lunes 13 de enero
representantes de organizaciones medioambientales, vecinos y autoridades
comunales, llegarán hasta las oficinas de la Dirección General de Aguas (DGA)
en Chillán,
para protestar contra el remate masivo de derechos de
aprovechamiento no consuntivos de agua, que efectuará esa entidad dependiente
del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La subasta pública, donde pueden participar empresas y
personas naturales, es vista con temor por dirigentes ambientales, quienes
sostienen que “el agua no debe ser parte de un mercado, ni favorecer a grandes
empresas que tras intervenir los cauces ocuparán el vital elemento para
construir centrales hidroeléctricas, en muchos casos de paso”.
El agua de los derechos no consuntivos debe ser devuelta al
mismo cauce, por lo que su uso es con fines de generación eléctrica.
La concejala de Pinto y presidenta de la Comisión Medio
Ambiente, Rossana Sandoval, planteó que “hay varios grupos que se están
organizando para ir a protestar por el remate que afecta recursos que nos
pertenecen a todos, pero que algunos los usan para su propio beneficio”.
Agregó que gran parte de los bienes que serán transados,
corresponden a cauces que forman parte de la Reserva de la Biósfera, reconocida
como tal por la Unesco y que el Gobierno de Chile se comprometió a preservar.
En el listado que maneja la DGA y que serán rematados entre
los días 14 y 22 de enero, se encuentran resoluciones relacionadas con 15
cauces naturales de la Región de Ñuble.
En la carpeta de bienes que serán subastados se encuentran
derechos no consuntivos del Estero Pedernales, Estero Bullileo, ríos La Zorra,
González y Las Truchas de San Fabián de Alico.
Se suman las aguas superficiales y corrientes de los ríos
Chillán, Cato y del Estero Las Damas, de Coihueco. Igualmente, aparecen en el
informe el estero Renegado y el río Diguillín, en Pinto, además del estero
Temuco en El Carmen.
Derechos no usados
El juez de Aguas de la Junta de Vigilancia del río
Diguillín, Francisco Saldías, comentó que en la mayoría de los casos, los
remates son sobre aguas que habían sido requeridas para ejecutar proyectos
hidroeléctricos, por lo que una vez usadas debían ser reintegradas al cauce
original, por lo que no se trata de derechos para el consumo.
Agregó que según la reforma al Código de Aguas del año 2005,
se estableció el mecanismo de remates para aquellos casos en que los titulares,
que se habían comprometido a desarrollar proyectos energéticos, no cumplieron
con los planes.
Saldías agregó que los propietarios de los títulos, si no
hacen uso de los recursos, “tienen dos alternativas, o renuncian a tales
derechos o pagan una patente por no uso, que va aumentando todos los años”.
En estas condiciones, a los empresarios que no ejecutan
obras de generación eléctrica les resulta sumamente oneroso mantener sus
títulos, por lo que algunos terminan perdiéndolos.
Saldías subrayó que incluso hay empresas que han renunciado
a sus licencias, como el caso de Endesa en el río Chillán, lo que permitió
darle viabilidad al embalse La Esperanza en el cauce.
Agregó que en el caso de las empresas que efectivamente
ejecuten proyectos, deben someterse a un proceso de evaluación ambiental.
Además, en la actualidad los valores de generación hidroeléctrica están tan
bajos que los proyectos no son atractivos para las empresas.
En tanto, la diputada Loreto Carvajal, enterada de los
remates, insistió “que el agua debe ser un bien común y de libre acceso y que
el modelo de despojo asociado a la apropiación del agua debe abordarse
seriamente. El acceso al agua debe ser un derecho garantizado”.
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