Remate de derechos de agua genera críticas en Ñuble


REGIONAL.- (La Discusión).- El próximo lunes 13 de enero representantes de organizaciones medioambientales, vecinos y autoridades comunales, llegarán hasta las oficinas de la Dirección General de Aguas (DGA) en Chillán,
para protestar contra el remate masivo de derechos de aprovechamiento no consuntivos de agua, que efectuará esa entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La subasta pública, donde pueden participar empresas y personas naturales, es vista con temor por dirigentes ambientales, quienes sostienen que “el agua no debe ser parte de un mercado, ni favorecer a grandes empresas que tras intervenir los cauces ocuparán el vital elemento para construir centrales hidroeléctricas, en muchos casos de paso”.


El agua de los derechos no consuntivos debe ser devuelta al mismo cauce, por lo que su uso es con fines de generación eléctrica.

La concejala de Pinto y presidenta de la Comisión Medio Ambiente, Rossana Sandoval, planteó que “hay varios grupos que se están organizando para ir a protestar por el remate que afecta recursos que nos pertenecen a todos, pero que algunos los usan para su propio beneficio”.

Agregó que gran parte de los bienes que serán transados, corresponden a cauces que forman parte de la Reserva de la Biósfera, reconocida como tal por la Unesco y que el Gobierno de Chile se comprometió a preservar.

En el listado que maneja la DGA y que serán rematados entre los días 14 y 22 de enero, se encuentran resoluciones relacionadas con 15 cauces naturales de la Región de Ñuble.

En la carpeta de bienes que serán subastados se encuentran derechos no consuntivos del Estero Pedernales, Estero Bullileo, ríos La Zorra, González y Las Truchas de San Fabián de Alico.

Se suman las aguas superficiales y corrientes de los ríos Chillán, Cato y del Estero Las Damas, de Coihueco. Igualmente, aparecen en el informe el estero Renegado y el río Diguillín, en Pinto, además del estero Temuco en El Carmen.


Derechos no usados
El juez de Aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, Francisco Saldías, comentó que en la mayoría de los casos, los remates son sobre aguas que habían sido requeridas para ejecutar proyectos hidroeléctricos, por lo que una vez usadas debían ser reintegradas al cauce original, por lo que no se trata de derechos para el consumo.

Agregó que según la reforma al Código de Aguas del año 2005, se estableció el mecanismo de remates para aquellos casos en que los titulares, que se habían comprometido a desarrollar proyectos energéticos, no cumplieron con los planes.

Saldías agregó que los propietarios de los títulos, si no hacen uso de los recursos, “tienen dos alternativas, o renuncian a tales derechos o pagan una patente por no uso, que va aumentando todos los años”.

En estas condiciones, a los empresarios que no ejecutan obras de generación eléctrica les resulta sumamente oneroso mantener sus títulos, por lo que algunos terminan perdiéndolos.

Saldías subrayó que incluso hay empresas que han renunciado a sus licencias, como el caso de Endesa en el río Chillán, lo que permitió darle viabilidad al embalse La Esperanza en el cauce.

Agregó que en el caso de las empresas que efectivamente ejecuten proyectos, deben someterse a un proceso de evaluación ambiental. Además, en la actualidad los valores de generación hidroeléctrica están tan bajos que los proyectos no son atractivos para las empresas.


En tanto, la diputada Loreto Carvajal, enterada de los remates, insistió “que el agua debe ser un bien común y de libre acceso y que el modelo de despojo asociado a la apropiación del agua debe abordarse seriamente. El acceso al agua debe ser un derecho garantizado”.

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