martes, 21 de enero de 2020

El millonario negocio de ventas de derechos de agua


Para consumo humano y regadíos en Bío Bío
REGIONES.- (diarioconcepción.cl ).- Mediante una reforma constitucional se quería regular los usos y dominios. Sin embargo, pese a que la mayoría del Senado votó a favor, se rechazó legislar por no alcanzar los dos tercios.

A fines de septiembre de este año, antes del estallido social, diversas agrupaciones se opusieron al remate del río Queuco.

Comunidades pewenches de Alto Bío Bío encabezadas por la werken Carmen Rosa Paine Tranamil, acompañados por grupos de Concepción liderados por Camila Polizzi, llegaron hasta las dependencias del MOP para detener el proceso.

Con el apoyo del senador Alejandro Navarro, tras gestionar recursos en Tribunales, lograron el objetivo. Todo, igualmente, en medio del rechazo a los proyectos de carreteras hídricas, la discusión sobre el cambio climático y las consecuencias de la crisis de sequía que atraviesa el país.


Desde la Dirección General de Aguas, DGA, del MOP regional explicaron que se trataba de remates de derechos de agua no consuntivos. Es decir, que no son para uso humano u otros fines.

¿Entonces para qué sirven? “Para ser usados y devueltos. Por ejemplo, tal como lo utilizan las centrales hidroeléctricas, entre otras”, aclaró el director regional de la DGA, Andrés Esparza.

Con el estallido social, también denominado 18-O, el debate sobre el agua y el rol del Estado respecto a su control mediante un marco legislativo adecuado comenzó a sonar más fuerte. Los remates de derechos no consuntivos quedaban suspendidos.

Y lo siguen, al menos hasta nuevo aviso, ya que hay “unos 15 remates en lista de espera” desde diciembre, precisó el director de la Unidad de Administración de Recursos Hídricos de la DGA, Rodrigo Sanhueza.

Los profesionales detallaron que son procedimientos que se vienen efectuando desde hace años, porque así lo dictamina la normativa vigente.

¿Pero qué pasa con derechos de aguas consuntivos? Primero hay que entender qué significa esta denominación: son aquellos que al ser extraídos no están obligados a reintegrarse. Esto quiere decir, que pueden ser usados para convertirla en potable o, simplemente, para destinarla al regadío.

Y estos, a diferencia de los remates de aguas no consuntivas, no están suspendidas. Desde la DGA del MOP Bío Bío precisaron que se trata de situaciones entre privados.
Negocio especulativo

Actualmente, hay seis procesos de ventas de derechos de aguas en esta categoría. Todos suman más de $1.800 millones.

Algunos consultados lo llaman “negocio especulativo”, puesto que fueron inscritos sin costo en las entidades del Estado para luego venderlos a diversos valores.

En este caso, el agua se saca y se usa, incluso, sin control, de acuerdo a los críticos.
Por ejemplo, el río Quilque, canal El Arrayán, ubicado en Los Ángeles, se ofrece a poco más de $1.655 millones.

El más barato es el canal Bío Bío sur, derivado del Itraque Norte, el cual se dispone a no más de $ 3 millones.

Y en internet hay diversas páginas “estilo subastas”. Los nombres de ellas son: Actiagro, Portal Hídrico, Mercado Hídrico, Gesaguas, Compragua (Agua Circular), entre otros.
En algunos se incluyen buscadores con georreferencia. Se muestra así la ubicación exacta y los valores en peso chileno, dólar y euro.

Asimismo, la capacidad de los caudales por segundo, entre otros factores a tomar en cuenta a la hora de comprar.


Bien de uso público
Hace unos días impacto causó que el Senado rechazara el proyecto de reforma constitucional que buscaba regular, precisamente, los dominios y uso de aguas.

En lo específico se quería lograr lo siguiente: Consagrar constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público. Entregar a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.

Seguidamente, garantizar la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico.

Y finalmente, contemplar el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.

Portazo
El día decisivo en la Cámara del Senado era esperado con alta expectativa por los defensores de los recursos hídricos. La presión social, el estallido, como es sabido, resuena fuerte en el mundo político.

De los asistentes, 24 votaron a favor y 12 en contra. Todo bien, pero la luz roja se produjo porque se requerían dos tercios para su respaldo (29 votos a favor). La desilusión entre quienes pedían regulación fue total (y todavía lo es).

¿Quiénes se manifestaron en apoyo? Isabel Allende, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Alfonso de Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Carolina Goic, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, Ximena Órdenes, Jorge Pizarro, Yasna Provoste, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, Ximena Rincón y Jorge Soria.

Los parlamentarios argumentaron que los personeros que tienen los derechos a perpetuidad han actuado con fines economicistas, perjudicado el acceso al agua. Derechamente se habló de “especuladores”.

Resaltaron que debido a “la crisis hídrica con baja pluviometría y altas temperaturas en el marco del cambio climático, hoy más que nunca es vital cuidar este recurso. En ese sentido, algunos congresistas apuntaron a la necesidad de que el Estado gestione el agua”.

¿Y quiénes estuvieron en contra? La lista la componen Carmen Gloria Aravena, Juan Castro, Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Luz Eliana Ebensperger, Alejandro García, José García, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez, David Sandoval y Jacqueline van Rysselberghe.
Los argumentos para rechazarla se enfocaron en que el agua ya es un bien nacional de uso público y que está en la legislación.

“Respecto a la propiedad y el dominio del recurso, plantearon que ésta siempre ha existido. También aseguraron que el consumo humano sí está garantizado pero el Ejecutivo nunca ha hecho uso de su facultad de expropiarla”, informaron en el Senado.

Los opositores insistieron que una iniciativa de esta naturaleza “podría tener consecuencias en la inversión sanitaria porque se abre la puerta a que en un futuro las acciones se orienten a quitar los derechos entregados. En esta línea, también se expresó que no hay razones para apurar la aprobación de esta iniciativa puesto que en el debate constitucional todo será cambiado”.


Y en cuanto a la crisis hídrica, opinaron que “esto no se resuelve” con la norma propuesta.

Guerra del agua
Por esos mismos días, Modatima Zona Sur (Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente) realizó una importante actividad abierta en el Foro de la Universidad de Concepción, donde se abordó “la recuperación del agua”.

Allí estuvieron Rodrigo Mundaca, premiado en 2019 por la prestigiosa Fundación de Derechos Humanos Danielle Mitterrand; el lonco Alberto Curamil, ganador del “Nobel Verde” Goldman 2019 y Lorena Donaire, reconocida activista por los derechos del agua, entre otros importantes actores.

Curamil, quien estuvo detenido y luego liberado por la justicia, fue uno de los más esperados, recibido entre aplausos y vítores.

“Venimos de muchos años luchando contra este sistema. Si hablara de mis orígenes, mi bisabuelo se tuvo que trasladar desde Coyahue, muy cercano a Temuco, para luchar contra los winkas, contra el Estado chileno que quería cruzar el río de Malleco. Y se quedó instalado en Ercilla donde nací. Allí donde mi abuelo y mis padres lucharon fueron encarcelados el año 73. Fueron torturados. Mi madre también fue encarcelada. Yo he sido encarcelado y no quisiera que a mi hijo lo encarcelaran el día de mañana. ¿Por qué somos encarcelados?, ¿Por qué hemos sido perseguidos?”, preguntó Curamil a los cientos de personas que escuchaban atentos.

El líder mapuche les hizo frente a dos empresas privadas de energía, Swiss Hydro y Agrisol, que planeaban construir dos centrales hidroeléctricas: Alto Cautín y Doña Alicia, en los cauces del Río Cautín localizados en pleno territorio mapuche y sin la venia de las comunidades. De ahí su premio internacional.

Rodrigo Mundaca, en tanto, el vocero nacional de Modatima, indicó que la Constitución de los años 80 es clave en la privatización. “El Código de Aguas del año 1981 se encargó de separar el agua del dominio de la tierra, dando origen al mercado de las aguas. El 77% de los derechos de aprovechamiento de agua consuntivos del país se encuentra en mano del sector irrigado, forestal y el sector agrícola particularmente. Aproximadamente un 13% se encuentran en manos del sector minero, el 4% en el sector sanitario y el resto en el sector industrial”, dijo a la audiencia.

¿Y qué pasa con los no consultivos? Mundaca aseguró ante el público del Campanil que “desde el año 2004 en adelante, Enel, una empresa públicoprivada italiana, es dueña del 81% de los derechos de aprovechamientos de aguas de uso no consuntivos de todo el territorio”.

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