Para consumo humano y regadíos en Bío Bío
REGIONES.- (diarioconcepción.cl ).- Mediante una reforma
constitucional se quería regular los usos y dominios. Sin embargo, pese a que
la mayoría del Senado votó a favor, se rechazó legislar por no alcanzar los dos
tercios.
A fines de septiembre de este año, antes del estallido
social, diversas agrupaciones se opusieron al remate del río Queuco.
Comunidades pewenches de Alto Bío Bío encabezadas por la
werken Carmen Rosa Paine Tranamil, acompañados por grupos de Concepción
liderados por Camila Polizzi, llegaron hasta las dependencias del MOP para
detener el proceso.
Con el apoyo del senador Alejandro Navarro, tras gestionar
recursos en Tribunales, lograron el objetivo. Todo, igualmente, en medio del
rechazo a los proyectos de carreteras hídricas, la discusión sobre el cambio
climático y las consecuencias de la crisis de sequía que atraviesa el país.
Desde la Dirección General de Aguas, DGA, del MOP regional
explicaron que se trataba de remates de derechos de agua no consuntivos. Es
decir, que no son para uso humano u otros fines.
¿Entonces para qué sirven? “Para ser usados y devueltos. Por
ejemplo, tal como lo utilizan las centrales hidroeléctricas, entre otras”, aclaró
el director regional de la DGA, Andrés Esparza.
Con el estallido social, también denominado 18-O, el debate
sobre el agua y el rol del Estado respecto a su control mediante un marco
legislativo adecuado comenzó a sonar más fuerte. Los remates de derechos no
consuntivos quedaban suspendidos.
Y lo siguen, al menos hasta nuevo aviso, ya que hay “unos 15
remates en lista de espera” desde diciembre, precisó el director de la Unidad
de Administración de Recursos Hídricos de la DGA, Rodrigo Sanhueza.
Los profesionales detallaron que son procedimientos que se
vienen efectuando desde hace años, porque así lo dictamina la normativa
vigente.
¿Pero qué pasa con derechos de aguas consuntivos? Primero
hay que entender qué significa esta denominación: son aquellos que al ser
extraídos no están obligados a reintegrarse. Esto quiere decir, que pueden ser
usados para convertirla en potable o, simplemente, para destinarla al regadío.
Y estos, a diferencia de los remates de aguas no
consuntivas, no están suspendidas. Desde la DGA del MOP Bío Bío precisaron que
se trata de situaciones entre privados.
Negocio especulativo
Actualmente, hay seis procesos de ventas de derechos de
aguas en esta categoría. Todos suman más de $1.800 millones.
Algunos consultados lo llaman “negocio especulativo”, puesto
que fueron inscritos sin costo en las entidades del Estado para luego venderlos
a diversos valores.
En este caso, el agua se saca y se usa, incluso, sin
control, de acuerdo a los críticos.
Por ejemplo, el río Quilque, canal El Arrayán, ubicado en
Los Ángeles, se ofrece a poco más de $1.655 millones.
El más barato es el canal Bío Bío sur, derivado del Itraque
Norte, el cual se dispone a no más de $ 3 millones.
Y en internet hay diversas páginas “estilo subastas”. Los
nombres de ellas son: Actiagro, Portal Hídrico, Mercado Hídrico, Gesaguas,
Compragua (Agua Circular), entre otros.
En algunos se incluyen buscadores con georreferencia. Se
muestra así la ubicación exacta y los valores en peso chileno, dólar y euro.
Asimismo, la capacidad de los caudales por segundo, entre
otros factores a tomar en cuenta a la hora de comprar.
Bien de uso público
Hace unos días impacto causó que el Senado rechazara el
proyecto de reforma constitucional que buscaba regular, precisamente, los
dominios y uso de aguas.
En lo específico se quería lograr lo siguiente: Consagrar
constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados,
como bienes nacionales de uso público. Entregar a la ley la regulación del
tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a
particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos,
pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.
Seguidamente, garantizar la priorización de los usos del
agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un
caudal ecológico.
Y finalmente, contemplar el ejercicio del recurso de
protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.
Portazo
El día decisivo en la Cámara del Senado era esperado con alta
expectativa por los defensores de los recursos hídricos. La presión social, el
estallido, como es sabido, resuena fuerte en el mundo político.
De los asistentes, 24 votaron a favor y 12 en contra. Todo
bien, pero la luz roja se produjo porque se requerían dos tercios para su
respaldo (29 votos a favor). La desilusión entre quienes pedían regulación fue
total (y todavía lo es).
¿Quiénes se manifestaron en apoyo? Isabel Allende, Pedro
Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Alfonso de Urresti, Álvaro Elizalde,
Guido Girardi, Carolina Goic, Alejandro Guillier, Francisco Huenchumilla, José
Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier,
Carlos Montes, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, Ximena Órdenes, Jorge Pizarro,
Yasna Provoste, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros, Ximena Rincón y Jorge
Soria.
Los parlamentarios argumentaron que los personeros que
tienen los derechos a perpetuidad han actuado con fines economicistas,
perjudicado el acceso al agua. Derechamente se habló de “especuladores”.
Resaltaron que debido a “la crisis hídrica con baja
pluviometría y altas temperaturas en el marco del cambio climático, hoy más que
nunca es vital cuidar este recurso. En ese sentido, algunos congresistas
apuntaron a la necesidad de que el Estado gestione el agua”.
¿Y quiénes estuvieron en contra? La lista la componen Carmen
Gloria Aravena, Juan Castro, Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Luz
Eliana Ebensperger, Alejandro García, José García, Iván Moreira, Manuel José
Ossandón, Víctor Pérez, David Sandoval y Jacqueline van Rysselberghe.
Los argumentos para rechazarla se enfocaron en que el agua
ya es un bien nacional de uso público y que está en la legislación.
“Respecto a la propiedad y el dominio del recurso,
plantearon que ésta siempre ha existido. También aseguraron que el consumo
humano sí está garantizado pero el Ejecutivo nunca ha hecho uso de su facultad
de expropiarla”, informaron en el Senado.
Los opositores insistieron que una iniciativa de esta
naturaleza “podría tener consecuencias en la inversión sanitaria porque se abre
la puerta a que en un futuro las acciones se orienten a quitar los derechos
entregados. En esta línea, también se expresó que no hay razones para apurar la
aprobación de esta iniciativa puesto que en el debate constitucional todo será
cambiado”.
Y en cuanto a la crisis hídrica, opinaron que “esto no se
resuelve” con la norma propuesta.
Guerra del agua
Por esos mismos días, Modatima Zona Sur (Movimiento de
Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente)
realizó una importante actividad abierta en el Foro de la Universidad de
Concepción, donde se abordó “la recuperación del agua”.
Allí estuvieron Rodrigo Mundaca, premiado en 2019 por la
prestigiosa Fundación de Derechos Humanos Danielle Mitterrand; el lonco Alberto
Curamil, ganador del “Nobel Verde” Goldman 2019 y Lorena Donaire, reconocida
activista por los derechos del agua, entre otros importantes actores.
Curamil, quien estuvo detenido y luego liberado por la
justicia, fue uno de los más esperados, recibido entre aplausos y vítores.
“Venimos de muchos años luchando contra este sistema. Si
hablara de mis orígenes, mi bisabuelo se tuvo que trasladar desde Coyahue, muy
cercano a Temuco, para luchar contra los winkas, contra el Estado chileno que
quería cruzar el río de Malleco. Y se quedó instalado en Ercilla donde nací.
Allí donde mi abuelo y mis padres lucharon fueron encarcelados el año 73.
Fueron torturados. Mi madre también fue encarcelada. Yo he sido encarcelado y
no quisiera que a mi hijo lo encarcelaran el día de mañana. ¿Por qué somos
encarcelados?, ¿Por qué hemos sido perseguidos?”, preguntó Curamil a los
cientos de personas que escuchaban atentos.
El líder mapuche les hizo frente a dos empresas privadas de
energía, Swiss Hydro y Agrisol, que planeaban construir dos centrales
hidroeléctricas: Alto Cautín y Doña Alicia, en los cauces del Río Cautín
localizados en pleno territorio mapuche y sin la venia de las comunidades. De
ahí su premio internacional.
Rodrigo Mundaca, en tanto, el vocero nacional de Modatima,
indicó que la Constitución de los años 80 es clave en la privatización. “El
Código de Aguas del año 1981 se encargó de separar el agua del dominio de la
tierra, dando origen al mercado de las aguas. El 77% de los derechos de
aprovechamiento de agua consuntivos del país se encuentra en mano del sector
irrigado, forestal y el sector agrícola particularmente. Aproximadamente un 13%
se encuentran en manos del sector minero, el 4% en el sector sanitario y el
resto en el sector industrial”, dijo a la audiencia.
¿Y qué pasa con los no consultivos? Mundaca aseguró ante el
público del Campanil que “desde el año 2004 en adelante, Enel, una empresa
públicoprivada italiana, es dueña del 81% de los derechos de aprovechamientos
de aguas de uso no consuntivos de todo el territorio”.
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