REGIONES.- By Mario San Martin Diciembre 22, 2018 Entrevistó a familias desalojadas a solitud de comisión parlamentaria. Como respuesta a los planteado en la Cámara de diputados, la comisión de medioambiente solicitó la presencia en la zona de los desalojados del Punilla, del Instituto de derechos humanos a través de su representación regional, para conocer los hechos que reclaman las familias desalojadas.
Ambos profesionales, Carolina Alvear Durán abogada del INDH Biobío junto a un profesional psicólogo, debieron entrevistar a orillas de camino o bajo los árboles a las familias que se encuentran a la intemperie, esperando que sus reclamos sean escuchados y que lo resuelto por el Tribunal Ambiental se materialice, pese a las condiciones en que hoy están las propiedades luego de que fueran demolidas 7 casas amparado en una orden judicial que ordenó el desalojo.
Los representantes del IDH arribaron a la zona al mediodía de este viernes y se constituyeron en el lugar entrevistando a los afectados y recabando antecedentes. Pasadas las 18 horas Carolina Alvear, jefa regional INDH Biobío junto a un profesional psicólogo del mismo Instituto de Derechos Humanos se retiró de la zona del desalojo para evacuar un informe que será entregado ante la comisión de medioambiente del parlamento.
Como se recordará el pasado 22 de noviembre se materializó el desalojado de las familias que se encuentran en la zona "A" del proyecto hidroeléctrico que construirá Astaldi.
Las familias no habían dejado el lugar dado que en las negociaciones no solo se contemplaba la expropiación por parte del fisco a los dueños de los terrenos, sino que antes de desalojar a las familias debía estar cumplido el plan social que contempla las compensaciones para las personas que vivían en la zona.
El desalojo si bien fue ejecutado por un receptor, actuaron retirando los bienes de las familias, personal de la empresa que construirá la megaobra hidroeléctrica, los que de inmediato procedieron con retroexcavadoras a demoler las casas en presencia de sus moradores, lo que llevó a los afectados a recurrir ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia quien ordenó restituir a las familias sus bienes. Esto ultimo también ha generado problemas, toda vez que el "apresuramiento", generó extravío y daño de animales, además de las especies que fueron retiradas y guardadas en un recinto de la empresa.
Ahora se suma una querella criminal de las familias en contra de quienes resulten responsables de este violento desalojo.
Ambos profesionales, Carolina Alvear Durán abogada del INDH Biobío junto a un profesional psicólogo, debieron entrevistar a orillas de camino o bajo los árboles a las familias que se encuentran a la intemperie, esperando que sus reclamos sean escuchados y que lo resuelto por el Tribunal Ambiental se materialice, pese a las condiciones en que hoy están las propiedades luego de que fueran demolidas 7 casas amparado en una orden judicial que ordenó el desalojo.
Los representantes del IDH arribaron a la zona al mediodía de este viernes y se constituyeron en el lugar entrevistando a los afectados y recabando antecedentes. Pasadas las 18 horas Carolina Alvear, jefa regional INDH Biobío junto a un profesional psicólogo del mismo Instituto de Derechos Humanos se retiró de la zona del desalojo para evacuar un informe que será entregado ante la comisión de medioambiente del parlamento.
Como se recordará el pasado 22 de noviembre se materializó el desalojado de las familias que se encuentran en la zona "A" del proyecto hidroeléctrico que construirá Astaldi.
Las familias no habían dejado el lugar dado que en las negociaciones no solo se contemplaba la expropiación por parte del fisco a los dueños de los terrenos, sino que antes de desalojar a las familias debía estar cumplido el plan social que contempla las compensaciones para las personas que vivían en la zona.
El desalojo si bien fue ejecutado por un receptor, actuaron retirando los bienes de las familias, personal de la empresa que construirá la megaobra hidroeléctrica, los que de inmediato procedieron con retroexcavadoras a demoler las casas en presencia de sus moradores, lo que llevó a los afectados a recurrir ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia quien ordenó restituir a las familias sus bienes. Esto ultimo también ha generado problemas, toda vez que el "apresuramiento", generó extravío y daño de animales, además de las especies que fueron retiradas y guardadas en un recinto de la empresa.
Ahora se suma una querella criminal de las familias en contra de quienes resulten responsables de este violento desalojo.
