REGIONES.- By ladiscusion.cl .La decisión del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia conocida el pasado 7 de diciembre, con la que acogió las medidas cautelares prejudiciales solicitadas por un grupo de vecinos afectados por la construcción del embalse La Punilla, en San Fabián, hizo tambalear el megaproyecto de riego impulsado por el MOP y concesionado a la Sociedad Concesionaria Aguas del Punilla, filial de Astaldi.
Ello, porque al decretar el congelamiento del proceso de relocalización de las nueve familias que aún resta que salgan de la Zona A -donde se iniciarán los trabajos-, así como la restitución inmediata de los bienes muebles e inmuebles “retenidos” por la concesionaria, también se pone en riesgo el cumplimiento del plazo para el inicio de las obras, previsto para el primer semestre del próximo año.
Un hecho revelador de la gravedad del problema fue la visita que realizó el viernes a Chillán, el jefe territorial del Ministerio de Obras Públicas, José Luis Uriarte, quien hizo hincapié en que la cartera no está obligada a negociar ni a financiar las mitigaciones, compensaciones y reparaciones, sino que esa misión le corresponde a la concesionaria desde el momento en que se adjudicó el proyecto.
Durante su visita, la autoridad subrayó, además, que el MOP velará porque se cumplan íntegramente las 44 medidas del plan de desarrollo social (PDS), “ni más, ni menos”, aclarando que el conflicto ahora se encuentra en manos de la justicia y que por lo tanto, no hay espacio para una negociación con las familias.
De igual forma, Uriarte defendió el actuar del Ministerio al solicitar el desalojo con auxilio de la fuerza pública, precisando que se trata de terrenos que fueron expropiados entre 2014 y 2016, por lo que el propietario es el Fisco, y que “las familias que no han sido relocalizadas es porque no han querido firmar el plan de desarrollo social y aceptar los beneficios de la relocalización”.
Como se recordará, el anterior plazo para la toma de posesión material de los terrenos por parte de la concesionaria expiraba en abril, sin embargo, debió extenderse hasta noviembre debido a que faltaba completar el reasentamiento de las familias de la Zona A.
Por ello, en noviembre pasado, ya cumplido el plazo y dado que nueve familias no firmaron el convenio de relocalización, el MOP, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), pidió a la justicia que ordenara los respectivos desalojos, los que comenzaron a concretarse el 21 y 22 de noviembre, generando el rechazo de grupos ambientalistas y de los propios desalojados, algunos de los cuales respondieron de manera violenta, lo que motivó el actuar de Carabineros.
Las familias que se niegan a firmar los mencionados convenios argumentan que la concesionaria no ha cumplido con las medidas del PDS y exigen que la empresa se comprometa formalmente a ejecutar el plan ganadero y a actualizar el catastro de afectados, de manera de incorporar a quienes no habrían sido catastrados en 2014, una medida que según manifestaron los vecinos, está contemplada en la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto La Punilla, que data de 2010.
No obstante, el seremi de Obras Públicas, Ignacio Vera, precisó que las compensaciones contempladas en el plan ganadero consideran la entrega de 30 mil UF (unos $825 millones) al total de afectados, para lo cual se necesita conocer el número total de cabezas, y sin embargo, las mismas nueve familias se han negado a entregar dicha información.
Lo que viene
Según adelantó el abogado Giovanni Gotelli, quien está trabajando junto al también abogado Álex Quevedo en la representación de las familias que no quieren firmar, en los próximos días se concretarán dos acciones judiciales.
Por un lado, se presentará la respectiva demanda por daño ambiental ante el Tribunal de Valdivia, para lo cual tiene plazo hasta el 31 de diciembre.
Y por otro lado, se presentará una querella criminal por el delito de daños contra quienes resulten responsables, debido a la destrucción de enseres durante la demolición de las viviendas desalojadas. Gotelli planteó que hay, al menos, cuatro casos en que se registró destrucción de bienes muebles que estaban al interior de las casas.
Asimismo, en el marco de la causa que lleva el Tribunal Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente debe presentar un informe sobre el cumplimento de las medidas de mitigación, compensación y reparación contempladas en la RCA, en particular las del plan de desarrollo social (PDS).
De igual manera, la sociedad concesionaria también debe entregar los antecedentes que verifiquen el cumplimiento de la RCA y del PDS.
Paralelamente, el MOP está evaluando, en conjunto con el CDE, hacerse parte en la causa que lleva el Tribunal Ambiental, así como otras acciones necesarias “para resguardar el patrimonio fiscal, toda vez que los terrenos son propiedad fiscal y fueron expropiados y pagados de acuerdo a la ley”, explicó Uriarte.
Escenarios
Entre los escenarios que se abren a partir de los desalojos se mencionan desde una rápida resolución en la justicia que permita dar comienzo a las obras en el plazo previsto, hasta un engorroso proceso judicial que retrase los trabajos y amenace el contrato de concesión.
Para la presidenta de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Margarita Letelier, quien representa a los principales beneficiarios con la megaobra hidroeléctrica, “Astaldi está tomando las medidas pertinentes, está evaluando, estas cosas judiciales no son tan simples, hay que estudiar todos los detalles, me imagino que está en buenas manos, están trabajando con un estudio de abogados muy serio, así que espero que se finiquite ahí, porque dependiendo del informe de la Superintendencia, según nuestra expectativa, debiera quedar ahí y así espero que sea, de manera que no se produzca un nuevo retraso, a lo más, podría extenderse hasta marzo”.
Desde Astaldi, en tanto, no fue posible obtener una versión oficial.
En esa línea, Uriarte expuso que aún no está calendarizado el inicio de las faenas y que actualmente Astaldi trabaja en la ingeniería del proyecto.
Para la autoridad, la expectativa es que a partir de lo que resuelva la justicia “los posibles problemas que existan, se corrijan; que los problemas que se denuncian y que no existen, se aclaren; y que efectivamente podamos ya contar con todas las aprobaciones correspondientes para que este proyecto no se retrase y siga adelante”.
Uriarte no descartó que el proceso judicial se extienda, “sin embargo, nuestra aspiración es que cuanto antes ese proceso termine y podamos volver a la normalidad”. En ese sentido, planteó que en una RCA hay incumplimientos de distintas gradualidades, desde menores hasta más graves que incluso pueden paralizar una obra, “pero respecto a la contingencia que se ha dado hoy, nosotros creemos que solucionado y resuelto por el informe de la Superintendencia de Medio Ambiente y por la resolución final del Tribunal Ambiental, es que el proyecto va a continuar”.
Por su parte, el alcalde de San Fabián, Claudio Almuna, manifestó que “esperamos que en el corto plazo la concesionaria pueda responder al Tribunal Ambiental y eso permita que el proyecto siga adelante, ya que se espera que el embalse genere empleos y un mayor dinamismo económico de la comuna”.
Asimismo, el jefe comunal, quien también fue expropiado, afirmó que “hay que ceñirse a los que está contemplado en la RCA y en el PDS que fue trabajado durante años con los propios vecinos, por lo tanto, a esta altura es difícil modificarlo”.
En ese sentido, Almuna expresó su deseo de que la demanda en el Tribunal Ambiental “no traiga retrasos al inicio de la faenas, porque hay mucha gente que está a la espera de las obras”.
Una mirada muy distinta es la que tiene Gotelli, quien recordó que primero se recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones, sin éxito, y que luego se pidieron las cautelares ante el Tribunal Ambiental, por considerar que los desalojos “si bien tenían una apariencia de legalidad, porque habían sido ordenados por un tribunal, desconocían la resolución ambiental”.
En cuanto a la demanda por daño ambiental, el jurista destacó que lo correcto hubiese sido que se cumpliera con las compensaciones económicas antes del desalojo, lo que no ocurrió. “Lo que viene ahora es que debe cumplírsele a la gente las compensaciones económicas”.
Pero Gotelli advirtió que también pudiera ocurrir que “el Estado de Chile podría decir que está todo mal, que va a seguir adelante contra la resolución. El Estado de Chile actúa así, lo hace en La Punilla como en La Araucanía, es decir, es una Estado gobernado por gente de derecha que actúa así, y ésta es la forma como ellos lo hacen. Entonces, es probable que ellos quisieran avanzar en ese sentido, pero lo que debe suceder aquí es que a la gente se le paguen sus compensaciones, o sea, tenemos que sentarnos a conversar y debe respetarse la RCA, darle una solución a toda la gente y pagar las compensaciones económicas que correspondan”.
El abogado, no obstante, reconoció que la última palabra la tiene el Tribunal.