Uno de estos casos fue reclamado ante la Contraloría y este órgano ha señalado nuevamente que el municipio
de San Carlos, que no se ajustó a derecho al descontar más del 50% de las remuneraciones, en el caso de una funcionaria que se vio obligada a recurrir a la contraloría.
Inicialmente la profesional, Cecilia Pulgar, reclamó de este hecho y el municipio adujo que había procedido a retener las remuneraciones de la profesional, en espera de que se resuelvan las apelaciones que la funcionaria hizo ante la comisión de medicina preventiva y de invalidez y la Superintendencia de Seguridad social.
Lo anterior obligó a la funcionaria a recurrir nuevamente ante la Contraloría dado que la municipalidad no hizo caso de lo señalado por este organismo y continuó reteniendo remuneraciones pese a lo determinado por el órgano contralor: "por no dar observancia al aludido pronunciamiento y seguir rebajándole de su sueldo un porcentaje superior al máximo previsto por la ley".
Ante ello la Contraloría recientemente comunicó al municipio de San Carlos que debe informar a la entidad fiscalizadora de las medidas adoptadas en este caso, donde no se ha dado cumplimiento a una serie de normas, según las cuales "la falta de observancia oportuna de los requerimientos de este organismo (Contraloría) podrá ser sancionada con la medida disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneraciones, del o los funcionarios responsables, hasta que se remitan lo antecedentes requeridos, obligación que queda radicada en esta oportunidad en el administrador Municipal y en el jefe del Departamento de Asesoría jurídica o en los funcionarios que eventualmente los subroguen".
Tanto el Administrador Ricardo Asfura como el abogado José González debieron responder por esta situación y se está a la espera de la resolución final de este caso, que puede generar un precedente en cuanto al porcentaje máximo de descuento en las remuneraciones permitidos por la ley a los funcionarios municipales que se vean afectos a licencias médicas.