A 24 horas de la cadena en que la Presidenta Bachelet llamó a participar del proceso constituyente y a días del inicio de los cabildos,
José Miguel Insulza transparentó dudas que recorren a toda la Nueva Mayoría.
El martes, en cadena nacional de televisión, la Presidenta Michelle Bachelet convocó a todos los ciudadanos a participar activamente de la primera etapa del proceso constituyente: los denominados diálogos ciudadanos que servirían de insumos para una nueva carta fundamental.
En su alocusión, la Mandataria dijo esperar que sean miles quienes se sumen para que "los compatriotas tengan verdaderamente la oportunidad de decir lo que piensan y sean tomados en cuenta".
A menos de 24 horas de su declaración, José Miguel Insulza -exministro y figura histórica del PS, quien fue nombrado como agente de Chile ante La Haya- desestimó parte importante de la aspiración del gobierno, afirmando creer que "el proceso de debate no llegaría muy lejos" y que participarían los mismos de siempre. Agregó que una buena alternativa pudo haber sido el envío de un proyecto con distintas alternativas "a las fuerzas políticas, y de ahí hacia abajo".
Aunque ante la evidente molestia de La Moneda Insulza retrocedió y ofreció discúlpas, señalando que "lo que pienso lo dije mal", sus palabras se suman a otra serie de aprensiones y dudas que han surgido al interior de la propia Nueva Mayoría respecto de la efectividad del proceso participativo impulsado por el gobierno.
Ayer, de hecho, el abogado de la DC Jorge Correa Sutil advirtió que, a su juicio, el proceso constituyente tiene defectos centrales. "Si usted quiere de verdad recoger las opiniones ciudadana, debiera invertir en ello mucho y creo que este proceso tiene, al margen de frases altisonantes, defectos constitutivos muy centrales".
Según una proyección realizada por el jurista, la participación en algunas etapas de los encuentros ciudadanos que comezarán el 23 de abril sería menor al 1%.
"¿Cuánta gente va a participar espontáneamente en él, ya sea en las consultas locales, ya sea gente contestando en internet? A mí me parece que eso puede ser muy valioso o puede frustrarse (...) luego vienen las reuniones provinciales y regionales. Cuando uno hace una por provincia y una por región, lo más que puede caber en un teatro son 2.000 personas, eso nos lleva a que el número que va a opinar en el proceso de participación incidente equivale al 0,02 % de la población", dijo a radio Cooperativa.
A las advertencias sobre una eventual deslegitimación del proceso constituyente se suman los recurrentes cuestionamientos de los partidos oficialistas, que en los últimos días han intensificado sus reclamos por haber sido excluidos como actores relevantes de los encuentros con la gente.
"Nosotros hemos tenido muchas dificultades con nuestros partidos, que se sienten muy excluidos de estos cabildos", reconoció, hace poco más de una semana, el titular de la Segpres ante los miembros del Consejo de Observadores del proceso constituyente, quien además aseguró que las colectividades se refieren a los encuentros participativos como "ejercicios técnicos de forma medio peyorativa".
Conscientes de las aprensiones y el creciente escepticismo, el gobierno reforzó ayer la apuesta por una fase de consultas ciudadanas para democratizar el proceso.
"En todas las democracias del mundo hay una separación de las elites políticas con la ciudadanía. Y por tanto, la Presidenta estimó que era muy importante que esto partiera con una opinión genuina, desde la base hacia arriba", dijo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre en alusión a los dichos de Insulza sobre el rol de las "fuerzas políticas".
A su turno, el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, señaló que Insulza podría terminar equivocándose en su percepción.
"Tengo una diferencia de fondo con él, pero voy a partir por una frase donde dice que él sueña con equivocarse y creo que se va a equivocar (...) Me encantaría que coincidiera con nosotros", dijo el ministro.
Compleja semana
Los cuestionamientos oficialistas al proceso participativo fueron solo parte de una serie de baches que ha debido sortear el gobierno durante esta semana.
Uno de los más complejos ha sido la molestia del Consejo de Observadores respecto de la campaña comunicacional que promueve el Ejecutivo para incentivar la participación en los cabildos locales. Desde el equipo liderado por Patricio Zapata se han quejado por no haber sido informados previamente de los distintos despliegues comunicacionales como, por ejemplo, el rodaje de un "docureality" que tendrá un costo de $ 74 millones y que ya fue adjudicado vía licitación a la firma Parox S.A.
Esta situación derivó en la decisión del Consejo de Observadores de convocar al ministro Díaz a una reunión especial -el próximo lunes- para abordar el tema.
A poco más de una semana de que se inicien los denominados cabildos comunales, el gobierno también ha debido enfrentar cuestionamientos por la nómina de los monitores o facilitadores de esos encuentros. Esto, luego de que trascendiera de que una decena de los 216 seleccionados enfrentarían algunas problemas judiciales, los que no fueron detectados por los filtros del sistema de Alta Dirección Pública.
A esto se suman las observaciones de varios miembros del consejo respecto de la metodología de trabajo. De acuerdo a lo debatido en la sesión del lunes -y registrado en un audio público- los integrantes de la comisión dieron cuenta de sus aprensiones respecto de la fórmula con la que se recopilará la información en los cabildos, planteando que definir qué es lo que es un acuerdo total, parcial o desacuerdo (categorías definidas por la Segpres) será muy complejo.
Junto a esto, manifestaron su preocupación por la falta de recursos que se ha ido evidenciando con el paso de las semanas, tanto para la difusión de la iniciativa como para la labor de los monitores de zonas extremas, quienes de acuerdo a proyecciones del Consejo, podrían gastar más de la mitad de sus remuneraciones solo en traslados.
María Elena Alvarez y Mariajosé Soto