En febrero próximo comenzará en el Tribunal oral en lo penal de Chillán, el juicio oral "por acarreo electoral"
en contra de la alcaldesa de San Fabián Lorena Jardua y otras tres personas.
En este compás de espera uno de los abogados, Carlos Astorga, que adhiere a la acusación de la fiscalía anti corrupción, en representación del senador Alejandro Navarro decidió no continuar representando al senador, decisión que inmediatamente tuvo reacción en la contra parte, en tanto que el senador ya anunció que otro facultativo continuará acompañando en la acusación que lleva adelante la fiscalía.
Es la fiscalía anticorrupción la que persigue el delito de "acarreo electoral", por ello quienes han estado actuando en esta causa judicial son los fiscales Pablo Fritz y Patricia Suazo, además de el senador Alejandro navarro y Eulalia Salinas, quienes presentaron la querella, representados el primero por el abogado Carlos Astorga y la segunda representada por la abogado Priscila Duarte.
La renuncia del abogado Astorga no sería fundamental en este caso, ya que quien sostiene la acusación es el Ministerio público a través de los persecutores Fritz y Suazo.
En este juicio iniciado el año 2013 ya suman seis tomos de la investigación y se ha dicho que la fiscal Patricia Suazo ha llamado a declarar a unas 69 personas por lo que se estima que el proceso oral durará unas dos semanas.
Por su lado, la defensa de Marcia Ortiz, una de las imputadas se presentaron 4 testigos, Nelson Burgos González; Miguel Badilla Benavente; Juan López Rivas y Lidia Sanhueza Romero, más una serie de documentos.
Por su lado, la defensa de Marcia Ortiz, una de las imputadas se presentaron 4 testigos, Nelson Burgos González; Miguel Badilla Benavente; Juan López Rivas y Lidia Sanhueza Romero, más una serie de documentos.
El abogado Rodrigo Vera Lama, que defiende a Ariel Torres, inculpado como cómplice y Juan Carlos Parada como autor, incluyó como testigos a César David Labra Contreras, Benjamín Torres Manríquez; Augusto Moreno Barría y Anselmo Villanueva Andrade, además de Dagoberto Gutiérrez y Nelda Vázquez.
Por su parte el abogado de la querellada Lorena Jardua, incorporó 4 testigos que están considerados por la fiscalía y agregó a Juan Garrido Cerda, Sandra Valenzuela Soto, Nelly Villalobos Marín; Cleria Campos Montesinos, César Labra Contreras, Fresia Olate Meriño, Fanny Benavides Fueltealba, Héctor Riquelme Sáez; Nelson Duffau Urrutia, Daniel Sepúlveda Andrade; Nicole Keijol Zapata, Inés Burgos Figueroa, Cristian Jara Pedreros, Sergio Lagos Assadi, Orizombo Olave Medel, Emilio Cisterna Hernández. También se agregaron documentos y fotografías y un video.
Los argumentos de defensa serán expuestos en el tribunal oral en lo penal y también los testigos que han sido incluidos por las partes.
Lo que sí fue aceptado es el testimonio de César David Labra quien, según el abogado Ricardo Robles, sería un testigo importante, ya que tendría información relevante en cuanto a que la acusación tendría un móvil político.
PIDEN 4 AÑOS DE CONDENA PARA ALCALDESA
En la acusación presentada por la fiscal encargada de delitos de corrupción en la provincia, Patricia Suazo pidió una condena de cuatro años para Lorena Jardua, a quien formalizó en 2013 por haber inducido a habitantes de San Carlos para que cambiaran su domicilio electoral hacia San Fabián y votaran por ella. Igual pena solicitó el ministerio público para su estrecha colaboradora Marcia Ortiz, en tanto el concejal Juan Carlos Parada, arriesga una pena de 800 días, mientras que para Ariel Torres, se solicitó una sanción de 800 días.
En la acusación presentada por la fiscal encargada de delitos de corrupción en la provincia, Patricia Suazo pidió una condena de cuatro años para Lorena Jardua, a quien formalizó en 2013 por haber inducido a habitantes de San Carlos para que cambiaran su domicilio electoral hacia San Fabián y votaran por ella. Igual pena solicitó el ministerio público para su estrecha colaboradora Marcia Ortiz, en tanto el concejal Juan Carlos Parada, arriesga una pena de 800 días, mientras que para Ariel Torres, se solicitó una sanción de 800 días.